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por
Lautaro Rivara
25 Junio 2026
del Sitio Web
TodosLosPuentes

¿Es
democracia
lo que
vivimos y ejercemos?
¿O con
cuántas condiciones la
"democracia condicionada"
muta a
otro tipo de régimen político?
Una
reflexión a partir de
Colombia,
Perú y Bolivia...
Desde que
Donald Trump
asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, ocho
elecciones presidenciales han tenido lugar en América Latina y el
Caribe.
En todas - menos una, la de Uruguay - las fuerzas
victoriosas se ubicaron a la derecha o a la extrema derecha del
espectro político.
En su gran mayoría, los partidos o las
candidaturas vencedoras fueron expresamente bendecidas y apalancadas
por,
-
la Casa Blanca
-
el Departamento de Estado
-
el Departamento del Tesoro
-
congresistas republicanos
-
representantes de poderosas corporaciones
digitales trasnacionales...
Con quienes ya gobernaban o recién asumieron sus
respectivos gobiernos, Estados Unidos ha suscrito acuerdos de
cooperación en materia de,
...sin considerar su incorporación en coaliciones
informales subordinadas como el "Escudo de las Américas".
Este ciclo electoral corto se da, no podemos
olvidarlo, bajo la aplicación y vigencia oficial de la
Doctrina Monroe, codificada en
documentos prospectivos como la
Estrategia de Seguridad Nacional
y la
Estrategia de Defensa Nacional.
Así,
En Ecuador se impuso el empresario
bananero de origen estadounidense Daniel Noboa.
En Bolivia una izquierda autófaga fue
derrotada por Rodrigo Paz, aunque el representante
"natural" de la Embajada parecía ser Tuto Quiroga.
En Chile el pinochetismo volvió a La
Moneda de la mano de José Antonio Kast.
En Honduras triunfó Nasry Asfura
del Partido Nacional, respaldado por Trump de forma expresa.
En Costa Rica, Laura Fernández
- a quien el republicano obsequió una estatuilla de un águila
calva - ganó con un discurso que promete mano dura y mayor
radicalidad.
En Colombia, el abogado de
narcotraficantes Abelardo de la Espriella acaba de
imponerse por escaso margen en unas elecciones sumamente
contestadas.
En Perú el escrutinio, aún abierto y
pendiente de resolución judicial, favorece de momento a Keiko
Fujimori, hija del exdictador.
Podríamos, por su relevancia regional, mencionar
también las legislativas de Argentina, en donde el Secretario del
Tesoro Scott Bessent intervino en rescate del gobierno
liberal-extremista de
Javier Milei y de su
inviable esquema macroeconómico.
***
La historia de la radicalización política latinoamericana y caribeña
es una historia eternamente mal contada.
Aquí, el orden de los factores sí altera el
producto...
¿Las dictaduras de la segunda mitad del siglo
XX fueron una respuesta a un proceso de radicalización popular
que incluyó el recurso a la vía armada?
¿O la radicalización fue por el contrario una
respuesta desesperada a la sístole institucional, al progresivo
angostamiento democrático, a los cuartelazos y a la recurrente
factura del orden constitucional propiciada por fracciones
militares y oligárquicas?
Muchos parecen olvidar que
antes de que los barbudos cubanos
descendieran de la Sierra o de que se proclamara la Segunda
Declaración de La Habana tuvo lugar un emblemático golpe de
Estado contra un progresista moderado como Jacobo Arbenz en
Guatemala.
O que las primeras guerrillas de la región no
fueron ni comunistas, ni marxistas, ni guevaristas, ni estrictamente
revolucionarias, sino liberales, democráticas y/o nacionalistas
según el caso.
Así, en un país tan estatalista e institucionalizado como la
Argentina, la primera formación guerrillera no fue una organización
marxista-leninista, sino,
un pequeño experimento armado que brotó del
nacionalismo popular de la resistencia peronista, con demandas
tan elementales como el retorno del líder popular depuesto, el
fin de la proscripción que pesaba sobre su partido y la defensa
de la soberanía nacional.
Recordemos que en 1955 el golpe de Estado
se inauguró con el bombardeo de la Plaza de Mayo por parte
de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea, en un acontecimiento
en donde hubo más víctimas fatales que en la emblemática
Gernika arrasada por la Luftwaffe.
Considerando la larga duración, y ampliando el
rango histórico de las preguntas más allá del episodio o el
fragmento,
¿lo que vemos hoy es realmente anómalo, o la
"anomalía" fue la prolongación, durante algunas pocas décadas,
de un ciclo democrático más o menos estable, aunque con desvíos,
lagunas e interrupciones?
Quizás una mirada a nuestra historia colonial nos
convenza de que la "normalidad", para las clases dominantes
amenazadas en sus prerrogativas, es este abismo al que nos asomamos
ahora.
En el siglo XX latinoamericano y caribeño, por dar un ejemplo, los
golpes de Estado "exitosos" fueron más de 90, mientras que los
intentos fallidos se cuentan por varios cientos.
Si consideramos solo el emblemático caso
boliviano, en su vida republicana el país tuvo más de 190
interrupciones constitucionales, entre golpes de Estado,
levantamientos, motines y revoluciones.
Como sostuvo el jurista y teórico político alemán
Carl Schmitt,
el soberano es quien decide sobre el Estado
de excepción, no quien gestiona el Estado de derecho.
No quien redacta las leyes, sino quien puede
poner en suspenso el orden jurídico-estatal frente a "crisis" o
"emergencias".
El problema es que el nuevo paradigma
contra-insurgente ha hecho de la emergencia un estado de situación
permanente.
***
Considerando esta historia larga y esta racha impresionante de
victorias electorales conservadoras, y atendiendo en particular al
devenir del proceso electoral peruano y
colombiano y a la entrada en vigor del estado de excepción
en Bolivia, no podemos dejar de formularnos algunas
preguntas que tienen mucho que ver con las perspectivas de mediano
plazo de la región y el mundo.
¿Con cuántas condiciones la democracia
condicionada se convierte lisa y llanamente en otra cosa?
¿A partir de qué indicadores podemos señalar
el tránsito que lleva de una democracia intervenida a una
autocracia electoralmente concesiva?
¿Qué significa la libertad de deliberación y
conciencia en tiempos de guerra cognitiva, operaciones
psicológicas cuasi personalizadas y manipulación emotiva y
algorítmica?
¿Es posible concurrir a "elecciones
nacionales" contra factores de poder primordialmente
trasnacionales?
¿Incluye el "pluralismo democrático" la
competencia partidaria contra servicios de inteligencia,
magistraturas cooptadas y corporaciones tecnológicas
todopoderosas, como lo reveló la trama del llamado
Hondurasgate?
¿Cuál es, en suma, el umbral de lo aceptable, en un contexto en
el que el tránsito hacia la posdemocracia no se da ya con
violentos cuartelazos o estridentes bandos militares como en los
tiempos del viejo
Plan Cóndor, sino a través de
una serie de derrotas y concesiones sucesivas?
¿Hasta cuándo tiene sentido atrincherarse en
la defensa de un orden que los poderosos parecen haber
abandonado parcialmente?
El tango democrático,
¿puede bailarse sin pareja?
¿No estaremos jugando con barajas marcadas y
librando batallas perdidas de antemano?
¿Hay alternativas a la destrucción
planificada de las últimas trazas de institucionalidad
liberal-republicana?
¿Qué harán las clases populares - o incluso
sus vanguardias desesperadas - cuando lo electoral, por
distintas razones, deje de valer la pena?
¿Cómo se canalizarán las demandas y las
reivindicaciones sociales y políticas de masas en el futuro?
¿No son las grescas bolivianas y el renovado
rigor del Estado contrainsurgente un anticipo del futuro?
Y en relación al escenario geopolítico,
¿puede practicarse la democracia sin ejercer
una soberanía cabal, o al menos mínima?
¿No es el repliegue hemisférico de los
Estados Unidos y la reafirmación explícita de la Doctrina
Monroe el principal obstáculo a la legalidad regional y el
orden constitucional de nuestros países?
¿Es posible hoy, en suma, ser algo parecido a
un "demócrata" sin ser a la vez un anti-imperialista
consecuente?
***
Dos hechos debieron producir un giro completo en los debates,
posicionamientos y estrategias de las izquierdas y los progresismos
latinoamericanos, pero no lo han hecho:
-
el
bombardeo de Caracas en
la madrugada del 3 de enero y el secuestro de un presidente
en funciones
-
el destape del
Hondurasgate, que por
fin pudo probar a la opinión pública la trama trasnacional
por la que sectores del narcotráfico, fuerzas políticas
vasallas - incluyendo a un ex presidente convicto - el
imperialismo norteamericano y el sionismo conspiran para
barrer con los gobiernos progresistas de la región y con los
últimos vestigios de oposición política y social.
Esto resulta particularmente significativo si
recordamos que tomó casi dos décadas poder probar la existencia
del viejo Plan Cóndor tras descubrir en 1992, en la localidad de
Lambaré, Paraguay, los conocidos "archivos del terror".
Hoy la estrategia imperial es bastante más
transparente; ahí están los documentos de doctrina y las alianzas de
seguridad, pero también las filtraciones.
Pero quizás podríamos ir más atrás de Caracas y el
Hondurasgate, y retrotraernos hasta el momento en el que un
anodino panelista de televisión devenido candidato de una fuerza
política marginal empuñó por primera vez una motosierra.
Hay que ser muy ingenuos, o muy
ignorantes de nuestra historia regional, para pensar que la
motosierra es una inocente metáfora de ajuste fiscal y achicamiento
del Estado, y no una herramienta brutal utilizada durante años por
la contrainsurgencia paramilitar; un instrumento de muerte que mal
disimula - porque no quiere disimular - una fantasía aniquilatoria
subyacente.
Algunos habrán visto en su reivindicación una mera metáfora - algo
desquiciada es cierto - pero una metáfora al fin...
¿Y si fuera en realidad todo un signo de los
tiempos por venir...?
El que un presidente "democrático" como
Javier Milei se la haya además
ofrendado a un tecno-oligarca como
Elon Musk
como signo de pleitesía y devoción,
dice bastante de la poderosa alianza suscrita
entre las corporaciones más capitalizadas del planeta y las
formaciones y liderazgos políticos más extremistas.
Y ya sabemos en qué derivaron alianzas
de ese tenor en el pasado…
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