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del Sitio Web RTEsp
www.prospera.co
pretende actuar como un Estado dentro del Estado...
El experimento ha sido bautizado como 'Próspera',
un coto de 2,5 kilómetros cuadrados en la isla hondureña de Roatán,
donde dueños de grandes tecnológicas como
Sam Altman, fundador de OpenAI, o
Peter Andreas Thiel, CEO de PayPal, tiene una
residencia virtual.
El actual Gobierno de Honduras, con el liderazgo
de Xiomara Castro, ha
librado una batalla contra Próspera
que se anotó un tanto en los tribunales, pero que necesitará más de
un fallo para frenar el paraíso sin ley de los poderosos
inversionistas.
El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria hondureña, desató una profunda crisis política y el aislamiento internacional de la nación centroamericana.
Esa situación también afectó las cuentas nacionales.
Fue así como, durante el Gobierno de Porfirio Lobo, surgió la idea de atraer inversiones extranjeras mediante el establecimiento de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE), en la práctica,
Para ello, cambió la Constitución y realizó una reforma que tuvo luz verde en el Congreso en 2013.
En ese entonces, el Parlamento era liderado por Juan Orlando Hernández, quien luego se convertiría en jefe de Estado y antecesor de Xiomara Castro en el poder.
Días después de entregar la banda presidencial fue extraditado a EE.UU., donde terminó condenado por narcotráfico.
De la carta abierta a la demanda
Próspera es solo,
Se estima que comenzó a erigirse en 2018, pero cobró notoriedad durante la crisis sanitaria del Coronavirus, en 2020.
Ubicada en una comunidad de menos de 800 habitantes y en un enclave alejado de las zonas más turísticas de Roatán, Próspera se erige como un pequeño feudo rodeado de aguas cristalinas y con apetitosas exenciones tributarias para millonarios.
La llegada de Xiomara Castro al poder fue una bandera roja para Próspera.
La mandataria enfiló su batalla contra la operación de los empresarios y celebró el fallo del Tribunal Constitucional, que en 2024 declaró inconstitucional la promulgación de la ley que permitió las ZEDE.
Sin embargo, la postura del Tribunal no ha sido suficiente para desmontar el proyecto.
Próspera, liderada por el empresario venezolano estadounidense Erick Brimen, amenazó con demandar a Honduras si el Gobierno desmantela las instalaciones en Roatán.
El argumento de Próspera es que su inversión está amparada por el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tratado que Honduras también denunció porque, en palabras de la presidenta del país,
La acción fue rechazada por la empresa de Brimen, que la considera "contraria al derecho hondureño y nula".
Si Honduras pierde la demanda, tendría que pagar cerca de 11.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano.
'Make Death Optional'
Lo que se sabe de su funcionamiento es poco.
El hermetismo va de la mano con la opacidad de sus casi 2.000 residentes 'virtuales', que pueden comprar terrenos, crear empresas y desarrollar proyectos que ni siquiera serían admitidos en sus países de origen.
No obstante, hay puntos en común que se han dado a conocer públicamente:
En Próspera abundan las empresas que hacen investigación en materia médica, con particular interés en las fórmulas para la longevidad, apalancados en una regulación mínima que les da un amplio abanico de acción.
El caldo lo completa un ambiente complicado para Honduras.
El triunfo de Donald Trump en EE.UU., con su lema 'Make America Great Again', ha envalentonado a los inversionistas de Próspera, que mueven su lobby para evitar que el pequeño país centroamericano ejerza soberanía sobre el enclave.
La estrategia del CEO de Próspera es simple:
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