Saúl, muchas cosas han sucedido en
Panamá y en la región desde la última vez que conversamos.
Estamos frente a un contexto mucho más convulsionado y más
belicoso que hace nueve meses.
Me gustaría por eso conocer tu
mirada sobre la situación doméstica en tu país pero sobre todo
comprender dónde se inserta Panamá en el acontecer regional.
Quisiera empezar preguntándote por el gobierno de Mulino: ¿cómo
podrías caracterizarle en unos breves trazos?
Diría, en pocas palabras, que estamos frente
a un gobierno fascista, que viola los derechos y garantías
fundamentales del país, y que tiene un carácter fundamentalmente
apátrida.
Estamos, además, frente a delincuentes que han
arribado al poder del Estado para saquear las arcas públicas,
como lo han hecho distintos gobiernos desde 1903 [fecha de la
separación de Panamá de la Gran Colombia] hasta nuestro
presente.
Pero en este caso, en particular, son innumerables los
escándalos de corrupción que han tenido lugar en pocos menos de
un año y medio.
Se trata de la continuidad de la gestión de
un Estado en descomposición, en donde se entremezcla el poder
oligárquico y sus peones, como quien hoy dirige el país.
Naturalmente, el de Mulino es un gobierno a la usanza de los
Noboa, los Milei o el propio Trump, que irrespetan la
Constitución y las leyes locales.
¿Qué tipo de política económica y
social viene impulsando el gobierno de Mulino, cumplido ya casi
año y medio de su mandato presidencial?
Ante todo, el gobierno de Mulino es un
gobierno atrasado, que sigue imponiendo sin cambios una serie de
políticas neoliberales muy antiguas.
Esta orientación ha
implicado, entre otras cosas, el conflicto por la seguridad
social, que de hecho acaba de ser reformada en esta línea;
aumento de la edad jubilatoria, de la densidad de las cuotas,
privatización de los fondos de pensión, el tránsito a un sistema
de cotización individual.
Transformaciones, todas, que son un
fracaso demostrado.
Hay estudios, tanto de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como de otros organismos, que
investigaron la aplicación durante los últimos 35 años de los
modelos basados en las cuentas individuales y demostraron que
son un fracaso rotundo.
Además está el intento de privatizar los
recursos naturales, como en el caso de la minería o del embalse
de Río Indio, que hacen parte de esa misma política neoliberal
que están llevando adelante.
El propio Mulino lo ha dicho varias
veces:
su gobierno es pro-empresarial, lo que significa que
responde a los intereses de una oligarquía que, como lo es la
panameña, siempre fue corrupta, improductiva y parasitaria,
acostumbrada a hacer fortunas con los recursos del Estado y con
la renta del Canal.
Cuéntanos un poco sobre la situación
de SUNTRACS, el sindicato que diriges, y que parece estar en la
picota del gobierno, las fuerzas de seguridad, el poder judicial
y las corporaciones privadas de prensa.
En febrero, cuando
conversamos, el principal flanco de ataque estaba en el
congelamiento de sus cuentas bancarias.
Pero parece que ahora la
estrategia oficial se ha ensañado con la propia dirigencia, como
de hecho lo expresa tu situación personal como perseguido y
exiliado.
Incluso hay una demanda judicial de disolución
pendiente contra el SUNTRACS.
Se habla mucho, sobre todo desde
el Norte Global, sobre la calidad democrática relativa de los
países de la región gobernados por fuerzas políticas
progresistas o de izquierda.
¿Pero cuál es el estado de la
democracia en un país como Panamá que suele estar fuera del
escrutinio internacional, bajo un gobierno que impulsa de manera
declarada la destrucción de un sindicato que, amén de su función
gremial, opera como el principal vector de oposición al
gobierno?
Se trata básicamente de una política de
tierra arrasada, de una auténtica guerra judicial contra los
adversarios políticos, los sindicatos, los movimientos sociales,
etcétera.
Estamos, en efecto, frente a una persecución brutal
contra SUNTRACS.
El 13 de febrero de este año Mulino dio la
orden de reprimir una protesta que se desarrollaba en la obra en
construcción del hospital del niño. Allí se capturó a más de 700
personas, se torturó a trabajadores, se vejó a las mujeres.
Fue
una operación combinada de todos los estamentos de seguridad, el
naval, el aéreo, el SENAFRONT [Servicio Nacional de Fronteras],
fuerzas especiales.
La idea fue y es sembrar el terror.
En ese
contexto el presidente aseguró que iba a utilizar todo el poder
del Estado para reducir al sindicato a su mínima expresión.
A partir de allí él nombró a unos agentes en
la Procuraduría General de la Nación, a un abogado personal
suyo, que logró salvar a Mulino de un escándalo de corrupción
por el que él y sus socios se robaron cientos de millones de
dólares de [la compañía italiana] Finmeccanica, con el
sobrecosto aplicado a la compra de radares.
Con sus aliados al
frente de la Procuraduría, se comenzó a instrumentar el
lawfare.
Es el caso del compañero Jaime Caballero, un preso
político que va a cumplir seis meses recluido en una cárcel de
máxima seguridad, cuando la ley local y los convenios
internacionales establecen claramente que un ciudadano con un
proceso de detención provisional no puede estar en una
institución de esa naturaleza.
Luego reactivaron también un proceso iniciado
hace casi tres años que estaba por archivarse, con causas
dirigidas contra Genaro López, dirigente histórico de SUNTRACS,
y contra Erasmo Cerrud, secretario del sindicato, hoy con
estatus de asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, al que
se le ha negado el salvoconducto para abandonar el país.
En mi
caso también fui vinculado a esos hechos, y sabemos ya que han
montado otras causas contra mi persona para evitar mi retorno.
¿A qué tipo de delitos se nos intenta
vincular? Sobre todo al lavado de dinero.
Pero para que haya
lavado los recursos del sindicato deberían provenir de delitos
precedentes, como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico
humano o de armas, etcétera.
Pero todos los recursos del
sindicato provienen del sudor de sus trabajadores y
trabajadoras, y están legalmente acreditados.
El fiscal Emeldo
[Márquez, a cargo de la Fiscalía Especializada contra la
Delincuencia Organizada] es quien abrió esta causa y tiene otras
"en reserva" para utilizarlas como un instrumento político
contra el movimiento social, evitando que la justicia opere.
Para entender la magnitud de la persecución,
en pocas semanas se practicaron 19 allanamientos en las casas de
los miembros de la Junta Directiva de SUNTRACS, incluyendo las
casas de la hija y de la compañera de vida de Caballero, y
también en la casa de mi propia hija.
Es un acto de venganza vil
y cobarde que obviamente busca eliminar a nuestra organización.
Y está el caso de la Ministra de Trabajo [Jackeline Muñoz], otro
personaje que irrespeta la Constitución y los acuerdos
internacionales, quien presentó como mencionabas una demanda de
disolución contra SUNTRACS.
Esto responde a los intereses de un
ala radical del sector empresarial, coaligado con la posición
atrasada de este gobierno, que niega la renegociación del
convenio colectivo del sector, que desde hace medio siglo se
actualiza cada cuatro años.
Estos sectores impulsan la narrativa de que
el sindicato se habría derivado de sus "verdaderos fines".
Pero SUNTRACS es una organización sindical reconocida en Panamá y en
el mundo que defiende los derechos laborales y constitucionales
de los trabajadores y las trabajadoras, pero que también ha
salido en defensa de los derechos del conjunto del pueblo
panameño, atendiendo a los grandes problemas nacionales y a la
defensa de la soberanía política y económica del país.
Se supone
que en una democracia todos tenemos derecho a opinar y a hacer
valer nuestros planteamientos.
Y es por ejercer nuestros
derechos democráticos que estamos enfrentando esta etapa de
persecución y lawfare a cargo de quien no llega ni a la
categoría de dictador, siendo un simple dictadorzuelo.
Pero
venceremos sin dudas esta nefasta ofensiva.
Mencionabas recién a los otros
actores del movimiento social del país, al que conoces muy de
cerca.
¿Cómo está en la actualidad el tejido social y
organizativo panameño para hacer frente a esta ofensiva?
Pienso
en los estudiantes de la Universidad de Panamá, en los
trabajadores bananeros de Bocas del Toro en el noroeste del
país, en las comunidades indígenas como los Emberá-Wounaan en
Arimae en dónde pude estar hace unos años, todos afectados de
diversa manera por la represión estatal y las políticas
neoliberales.
En Arimae, las violaciones a los derechos
humanos fueron acreditadas por una comisión de alto nivel de las
Naciones Unidas que trabajó sobre el terreno.
Allí también se
fraguaron causas contra dirigentes comunitarios, se les
encarceló, se les vejó y torturó.
Lo mismo ocurrió en Bocas del
Toro, donde mujeres fueron desnudadas, otros fueron torturados,
y a algunos se les dio de beber agua con químicos lacrimógenos.
Allí hay una cantidad de muertos que el gobierno no reconoce,
que aparecieron en la morgue bajo extrañas circunstancias.
Están también los docentes.
Hay más de 200
profesores destituidos de sus cargos, en abierta violación a la
Constitución y las leyes. Los recursos administrativos no
permiten, como gustar de decir Mulino, "castigar" a la gente.
Este es un país territorialmente pequeño, con una población de
apenas 4.2 millones de habitantes. Así y todo Panamá se ubica en
el segundo peor lugar de América en lo que hace a distribución
de la riqueza.
Por eso debemos no sólo luchar para acabar con
estos problemas, sino también perfeccionar nuestra soberanía y
autodeterminación.
A comienzos de febrero, Panamá fue
uno de los primeros países de la sub-región visitados por el
Secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco
Rubio.
¿Qué decir de la política exterior?
¿Qué lugar ocupa
Panamá en el escenario de militarización abierto en el
hemisferio en general y en el Gran Caribe en particular?
El panameño es un gobierno totalmente
entregado a los designios de Trump.
Cuando aquel no había ganado
aún las elecciones, Mulino ya se había comprometido a cerrar la
frontera del Darién, afirmando en un acto totalmente apátrida
que "la frontera sur de los Estados Unidos estaba en el Darién"
[un importantísimo corredor migratorio en los últimos años].
Luego se firmó un memorando de entendimiento
que revierta la histórica lucha del pueblo panameño comenzada
cuando en1903 la oligarquía local entregó a los estadounidenses
la soberanía de los territorios donde se construiría el Canal,
así como las áreas adyacentes, garantizando su presencia
política y militar en el enclave a perpetuidad.
Aún con este
historial de lucha en el que el pueblo panameño tuvo muchos
mártires, Mulino decidió firmar un acuerdo con los Estados
Unidos para instalar tres nuevas bases militares, además de que
se han movilizado fragatas en la zona de Colón.
Esto sólo se puede comprender en el contexto
de la agresión norteamericana generalizada en el Caribe, aunque
tiene también una dimensión geopolítica global. Estados Unidos
teme al avance de China y a su competencia económica en la
región.
Por eso construyeron una narrativa que afirma que el
gigante asiático se habría adueñado del Canal y de sus puertos,
y de que esto representaría una amenaza para la sociedad
panameña.
Pero se trata de una completa falsedad propagada por
Trump, Rubio y [el Secretario de Guerra Pete] Hegseth, entre
otros.
Sin ningún decoro nuestro territorio soberano volvió a
ser entregado a los gringos.
En esta nueva agresión desplegada en el
Caribe, sabemos que han sido asesinados ya colombianos,
venezolanos, ecuatorianos y trinitenses, en esas lanchas que
ellos aseguran, sin presentar prueba alguna, que son
embarcaciones narcotraficantes.
La gran narrativa del imperio,
amplificada por la maquinaria de desinformación, busca vender
una ilusión y justificar con ello la agresión a todo el
continente.
Para eso es necesario contar con varios
súbditos que hagan coro:
Mulino es uno, pero también está la
gobernadora [Jenniffer González] de Puerto Rico, la Primera
Ministra de Trinidad y Tobago [Kamla Persad-Bissessar],
Noboa, Milei, etcétera.
Pero los pueblos de América Latina y el Caribe
saben que esta estrategia está encaminada a reconquistar lo que
los norteamericanos llaman su "patio trasero".
Pero nosotros no
somos el patio trasero de nadie; somos pueblos libres y Estados
soberanos, obligados a hacer respetar nuestra soberanía y
nuestra autodeterminación.
Pero para eso debemos practicar en hermandad
el latinoamericanismo, una corriente fundamental en el
pensamiento progresista de la región, y también en lo que hace
al internacionalismo en general.
Debemos prohijar acuerdos que
conjuren el tipo de amenazas que hoy azotan a Nuestra América, victimizándonos a todos por igual.
Así, ya se habla por ejemplo
de la intención de
Trump de agredir militarmente a México en la
presunta guerra contra el narcotráfico.
Pero los Estados Unidos
no combaten al narco en casa, ni atienden los problemas de
consumo de su población, ni ponen el foco en el sistema
financiero que, tanto allí como en Panamá, se ha convertido en
una gran lavandería para lavar el dinero del narcotráfico, del
tráfico de armas, de la trata de personas, para garantizar la
evasión fiscal, para posibilitar, en fin, todas las formas de
delincuencia mundial organizada.
Considerando precisamente este
contexto de militarización general del Caribe y las amenazas
específicas lanzadas contra Colombia, Venezuela y México, quería
preguntarte por una efeméride cercana.
El próximo 20 de
diciembre se cumplirán 36 años de la invasión estadounidense a
Panamá de 1989, la última de su tipo en nuestra región,
desarrollada en los últimos estertores de la Guerra Fría.
Te lo
pregunto en función de tu experiencia y de tu recuerdo personal
de un hecho muy reciente y todavía muy fresco en la memoria
colectiva panameña.
Pero también en relación a algunas hipótesis
que maneja hoy la oposición venezolana, que coquetea con la idea
de lo que llaman una "extracción", una operación militar
supuestamente quirúrgica que pueda secuestrar o asesinar a
Nicolás Maduro y a otros altos mandos políticos y militares de
la República Bolivariana; una idea inspirada de alguna forma en
la captura de Manuel Noriega a fines de los 80.
¿Fue la invasión
a Panamá una "operación quirúrgica" como rezaba la propaganda
imperial de aquella época y como lo sostiene todavía hoy parte
de la historiografía dominante?
¿Qué costos tuvo en términos
sociales, políticos y económicos para el conjunto de la
población y qué legado dejó a las generaciones por venir?
La invasión a Panamá es el punto culminante
de la decadencia de la propia política impulsada por los Estados
Unidos.
En el país se dio el golpe de Omar Torrijos Herrera en
el año 68, cuando otros golpes se daban, sin mayores
diferencias, en América Latina y el Caribe.
Las primeras medidas
se dirigieron a perseguir a la dirigencia progresista, a las
izquierdas, a los comunistas, e incluso a los partidarios del
recién derrocado Arnulfo Arias.
Se cerró la Universidad de
Panamá, se clausuró la asociación de profesores, las
organizaciones de estudiantes, los partidos políticos, etcétera.
La degeneración de este régimen militar trajo como consecuencia
un traspaso de mando a mediados de los 80, y ahí es donde emerge
Manuel Noriega, una figura corrompida y vinculada, en este caso
sí, a la economía del narcotráfico.
Pero hablamos de un
narcotráfico impulsado por
la propia CIA que, en el marco de lo
que después se conoció como el escándalo "Irán-Contra", se
vincula al tráfico de drogas para comprar armas destinadas a
combatir a la Revolución Sandinista en Nicaragua.
Noriega era
parte de este esquema y colaborador de la CIA, aunque después
hiciera su propio camino.
En ese contexto, una fracción de la vieja
oligarquía, desplazada del poder del Estado, se enfrentó
entonces a la fracción que se había plegado a los gobiernos
militares, y convocó a la invasión extranjera, como hoy lo hace
una parte de la oposición en Venezuela.
Para resolver una puja
de naturaleza esencialmente inter-burguesa, los sectores más
atrasados, apátridas por naturaleza, clamaron por la
intervención extranjera.
Entre esos personajes estaba el propio Mulino, que fue miembro de la Cruzada Civilista, que se
desempeñó como Vicecanciller del gobierno pos invasión [de
Guillermo Endara], un gobierno que se juramentó en una base
militar norteamericana.
Este triste personaje, hoy al frente de
los destinos del país, justificó el año pasado la invasión.
¿Pero qué significó para Panamá este hecho
terrible? En primer lugar los asesinatos indiscriminados contra
el pueblo panameño, así como la violación de todo el derecho
internacional (de hecho la ONU rechazó categóricamente la
intervención mediante una resolución).
¿Cuántos panameños fueron
asesinados o desaparecidos en el barrio El Chorrillo [un barrio
popular de la capital arrasado e incendiado por las fuerzas de
ocupación]? Los estimamos en miles, pero hasta hoy no conocemos
sus nombres:
algunos fueron metidos en bolsas, otros escondidos
en fosas comunes.
Nunca se indemnizó a las víctimas y se
escondió de manera sistemática la verdad de los hechos.
Pero
también sucedió lo mismo en mi natal Colón, donde fueron
asesinados mis coprovincianos, al igual que en Río Hato [en la
provincia de Coclé].
La mayoría de las víctimas era población
civil: mujeres, hombres, niños, ancianos. No hubo tal "operación
quirúrgica", porque lo que se buscaba no era deponer a un títere
sino invadir el país, tomar control del Canal, someter a la
administración, etcétera.
Así como hoy buscan en Venezuela
apoderarse de su petróleo.
Ninguna guerra es buena.
Si en Venezuela hay
un problema, tienen que resolverlo los venezolanos.
Si en Panamá
hay un problema, éste tiene que ser resuelto por el pueblo
panameño.
Igual si hay otras tantas contradicciones en otras
partes del mundo.
Nuestro pueblo tiene derecho a ser libre, a
que se respete nuestra soberanía y autodeterminación, y a que
nunca más haya presencia militar extranjera en su territorio.
