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por Marcos Chávez M.
22 Octubre 2014
del Sitio Web
Contralinea
México es el
único país de la región de América Latina y el
Caribe en el que la pobreza y la miseria se
incrementaron entre 2006 y 2012.
Con ello se ha
profundizado la pérdida del poder adquisitivo y
son los trabajadores los que cargan con todo el
peso de la falta de crecimiento económico.
Funcionarios,
grandes empresarios y "líderes" de sindicatos
oficiales han mantenido al alza sus de por sí
altos niveles de ingresos, mientras que las
personas que trabajan no pueden ni aspirar a
comprar las canastas básicas que les asegurarían
los satisfactores elementales.
El promedio de
ingreso de la población es de 49.76 pesos
diarios, cuando el precio de la canasta básica
alimentaria es de 41.42 pesos y de la básica no
alimentaria es de 84.74
La posibilidad de ser explotado
en un empleo estable
se vive ahora como un
privilegio.
¿Y quién se atreve a ir a la
huelga hoy día,
cuando tener un empleo
permanente
es en sí un privilegio?
Slavoj Zizek
Pobre, precario y flexible. Ésa es la
santísima trinidad que reina en el nuevo mundo del trabajo.
Ésa es la nueva racionalidad económica y
política que ha arrasado con los pálidos y escasos beneficios
laborales que, hasta principios de la década de 1980, los
trabajadores mexicanos lograron arrancarle al entonces realmente
existente sistema presidencialista despótico y de partido único.
Con las conquistas sociales del Artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
recurrentemente teñidas de rojo con la sangre obrera, que en casi 1
siglo de existencia fueron vaciadas de contenido y convertidas en un
manojo de letras muertas, groseramente rescritas o simplemente
eliminadas de las magreadas hojas de la ajada Carta Magna de 1917.
Esos tres conceptos sintetizan la dilatada parábola histórica de la
"modernización" laboral capitalista.
Sellan la culminación de un ciclo iniciado por el México bárbaro
decimonónico. La primera "modernización" capitalista, en cuyas
entrañas se gesta la Revolución Mexicana que devorará al antiguo
régimen, y la cual es diseccionada por el periodista estadounidense
John Kenneth Turner en 1908, 2 años antes de la tempestad que
arrojaría al basurero de la historia al porfirismo.
Turner destaca, entre otras plagas
mortales, la existencia de esclavos humanos, personificados por los
mayas y
los yaquis - estos últimos ahora
agraviados por Guillermo Padrés, el sátrapa que sucedió al
infanticida Eduardo Bours; ambos son carne de presidio - los
"trabajadores-esclavos" degradados por la sobreexplotación física,
las dilatadas jornadas de trabajo sin descanso, la miserable
alimentación que los conducían a la muerte temprana, las tiendas de
raya que devoran sus mezquinos salarios, los abusos genocidas de la
casta divina henequenera y porfirista.
Una gesta que culmina con el México
bárbaro neoliberal, la segunda gran "modernización" con su nueva
casta divina que cercena las conquistas laborales ganadas a sangre y
fuego en 1910-1917 y esculpidas en la Constitución, e instaura un
mercado de trabajo similar al estatus quo de la acumulación
primitiva de capital porfirista.
En los orígenes de la elipsis histórica se encuentra la primera
huelga de 1865, organizada por los mutualistas del Ramo de Hilados y
Tejidos del Valle de México, en oposición a la reducción salarial,
los despidos injustificados, las excesivas jornadas laborales y las
abusivas tiendas de raya.
Ésas y otras exigencias, bajo el
porfiriato, serán retomadas por los trabajadores, desde las
movilizaciones de la década de 1980 hasta las señeras huelgas de
Cananea (1906) - cuyo trágico pasado ha sido redivivo por Germán
Larrea (émulo de William C. Greene, dueño de la concesión por
aquellos años), otro candidato a carne de presidio por la manera
impune en que saquea y destruye toda zona minera a la que llega,
como lo testifican los ríos Sonora y Bacanuchi - y Río Blanco
(1907), violentamente reprimidas.
En el confín destaca el peñismo, que
ante la impasibilidad obrera desmantela las anómalas leyes
constitucionales y secundarias del trabajo que primaron, al menos en
el papel, durante casi 1 siglo.
Esa anormalidad corresponde al
intermezzo del "nacionalismo revolucionario", que en su agonía
lopezportillista, a través de la represión y cooptación, derrota y
destruye al brote del movimiento sindicalista independiente, que en
la década de 1970 soñaba con la democracia y la autonomía de sus
organizaciones.
Esa triada representa, asimismo, la lógica devastadora del Estado de
bienestar, forjado con mejor fortuna en los países capitalistas
avanzados, después de la Segunda Guerra Mundial, y que estorba a la
lógica de la acumulación neoliberal de capital.
Desde 1970 tienden a desvanecerse
espectralmente los salarios reales ascendentes, la estabilidad en el
empleo y la universalidad de los servicios sociales públicos,
dinámica reforzada por la furiosa oleada de reformas antisociales
detonada por el colapso de 2007 que, como escribiera el economista
español Joaquín Arriola, le pasó a los trabajadores la factura de la
etapa de consumo alegre y despreocupado, aunque nunca se
beneficiaron de ella (La globalización o la razón del más fuerte).
Hasta la década de 1970, la acumulación y la reproducción de capital
se ceñían fundamentalmente a las fronteras cerradas.
Pero, después, éstas les quedaron
estrechas a las corporaciones locales, trasnacionales y
multinacionales, a raíz del bajo crecimiento, el estancamiento
económico y del consumo de largo plazo, y la caída de la tasa de
ganancia. La apertura de las economías y la integración y
subordinación a los mercados internacionales, conocidas
higiénicamente como "globalización" - o neocoloniaje, si se prefiere
- responden a las necesidades de abaratamiento de costos de las
empresas, de su productividad, competitividad y rentabilidad.
Esto es posible con la reubicación
parcial de la producción en varias economías nacionales, el acceso a
insumos y mano de obra barata en diversas regiones; la
comercialización de bienes y servicios y transacciones financieras
en cualquier mercado, libres del proteccionismo comercial y del
control a los movimientos de capitales.
Esa situación ha modificado la oferta y la demanda laboral nacional,
los tipos y modalidades de trabajos requeridos, y las relaciones
tradicionales entre el trabajo asalariado y el capital, de manera
aún más desventajosa para el primero (José Félix Tezanos, El
trabajo perdido: ¿hacia una civilización post-laboral?).
El estancamiento de la economía, la inversión y el consumo, la
"disciplina" fiscal, los cambios tecnológicos, la
trasnacionalización de la producción y la conversión de la clase
obrera de diferentes países en asalariados de las corporaciones, con
reglas contractuales que tienden a homogeneizarse mundialmente, no
sólo limita la creación de empleos en los mercados nacionales.
Además, ha provocado que muchas personas
se vean obligadas a sobrevivir como subempleados, empleados
temporalmente o refugiados en la informalidad y en actividades
ilícitas.
Esa situación no es una elección
voluntaria como suponen los neoliberales. Es consecuencia del modelo
de desarrollo.
La mundialización de la producción requiere de los llamados mercados
laborales "flexibles", en donde los contratos, las condiciones y
jornadas de trabajo se ajusten a los intereses de las empresas, no a
las necesidades de los asalariados.
Ello implica
-
el fin del empleo permanente y
el privilegio del temporal, la subcontratación
-
la movilidad en las plazas y
lugares de trabajo
-
el cambio en las horas laborales
y los horarios de las mismas
-
el menor costo del despido y de
la seguridad laboral
-
el aumento de los plazos de los
puestos de prueba y de aprendizaje
Las consecuencias son obvias:
-
la incertidumbre laboral para
quienes tienen empleo o carecen del mismo
-
el aumento de los accidentes y
los riesgos del trabajo
-
el deterioro de la salud de los
trabajadores
-
la tendencia declinante de los
salarios y las prestaciones pagados que se vuelven
insuficientes para garantizar el bienestar de los obreros
-
el fácil tránsito del empleo
fijo al temporal, al desempleo y la informalidad
Ese sombrío panorama ha suscitado,
-
la incertidumbre individual y
colectiva de los trabajadores
-
el debilitamiento, la sumisión y
la desaparición de sus organizaciones, que permite la
aceptación de bajos salarios que no cubren las necesidades
mínimas vitales, el recorte de las prestaciones y servicios
sociales
-
el divorcio entre el empleo y la
satisfacción
-
la precarización laboral y de
los contratos de trabajo
-
el temor a usar los métodos de
lucha tradicionales en defensa de sus intereses (la huelga,
el sabotaje), restringidas legalmente por el Estado y la
tiranía del mercado
-
el deterioro de la capacidad de
negociación colectiva y del poder de los trabajadores para
influir en los procesos productivos
-
la acrimonia entre los estratos
de la clase obrera, entre trabajadores fijos y temporales,
con contrato legal e ilegal, con convenio colectivo y sin él
-
el debilitamiento del trabajo
socializado y su desplazamiento por el individualizado
"El resultado final - añade Tezanos
- ha sido una prolongada y cada vez más grave crisis de la clase
obrera que ha dejado de ser imprescindible, de su representación
sociopolítica y de su poder social", lo que ha aumentando la
desigualdad social, la exclusión y la precarización global de la
vida y de la dignidad humanas.
En
la "globalización",
el crecimiento con pleno empleo como objetivo de la política
económica pierde sentido.
Atípicos y normales
Excéntrica y extrañamente, los economistas que fundamentaron
técnicamente la propuesta de Miguel Mancera, relativa al
aumento del salario mínimo, califican el desplome del poder de
compra de éste y la precariedad laboral como un "un caso atípico y
excéntrico", ya que esa situación es la normalidad típica y
democráticamente autoritaria del neoliberalismo mundial.
En todo caso, lo "atípico y excéntrico" es representado por los
gobiernos progresistas, elegidos democráticamente, que han desertado
del consenso neoliberal y tratan de revertir los costos sociales del
modelo.
Ellos demuestran que es posible promover
la recuperación del poder de compra de los salarios, sin generar los
desastres económicos empleados por los peñistas para justificar su
negativa a hacer lo mismo.
La mejora salarial es parte de la
legitimidad y credibilidad política de,
-
En Argentina el salario mínimo
real aumentó 264 por ciento entre 2010 y 2012.
-
En Uruguay, 153 por ciento.
-
En Brasil, 98 por ciento.
-
En Ecuador, 79 por ciento.
-
En Bolivia, 44 por ciento.
Sólo Venezuela registró un retroceso de
3 por ciento, según datos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
Países modestos como Honduras, Nicaragua, Guatemala y Haití
registran una mejoría en su salario mínimo real de 114 por ciento,
90 por ciento, 34 por ciento y 7 por ciento, en cada caso.
El mínimo real de México y la República Dominicana acumulan un
retroceso de 4.6 por ciento y 2.7 por ciento, respectivamente. A
ellos se suman Jamaica, Bahamas y Trinidad y Tobago (ver gráficas 1
y 2, y cuadro 1).
La política de parte del bloque de países progresistas se
caracteriza por el intento de cerrar la brecha existente entre los
salarios mínimos y los medios (el total de los salarios pagados en
la economía entre el total de trabajadores), a través de un mayor
aumento de los primeros, pero sin castigar a los otros.
-
En Uruguay el salario medio
acumula un alza real de 114 por ciento.
-
En Argentina, 106 por ciento.
-
En Brasil, 103 por ciento.
-
Sólo Bolivia y Venezuela
acumulan una de 8 por ciento y 20 por ciento.
-
En México el aumento acumulado
de 18 por ciento del salario medio real (aunque desde 2008
decreció 0.1 por ciento anual) amplió su brecha con relación
al mínimo y, por tanto, la desigualdad social.
De acuerdo con datos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país
de la región en el que la pobreza y la miseria se elevaron entre
2006 y 2012 - hecho que seguramente se extenderá hasta el 2014 -
"honor" que probablemente es compartido con Haití.
El honroso pendón es a medias dividido
con Costa Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana, países que
observaron el incremento de la indigencia.
La miseria como razón
de Estado y de mercado
Dice la Cepal en su trabajo 'Pactos para la igualdad
- Hacia un futuro
sostenible' (2014, página 154):
"en un estudio reciente sobre los
efectos del salario mínimo en México, […] se descubrió [sic] que
una parte significativa del incremento de la desigualdad en
México entre fines de la década de 1980 y comienzos de la década
de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real en ese
periodo".
El señalamiento cepalino es curioso.
En el dichoso trabajo (Minimum wages and
earnings inequality in urban Mexico), publicado en 2010 por
Mariano
Bosch y Marco Manacorda, economistas del establishment, "descubren"
un fenómeno que en ese momento tenía 24 años de existencia y que
otros analistas no oficiales llevan tiempo denunciando.
Excéntrica descubridora tardía de obviedades, la Cepal añade:
"México es el único país donde el
valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza
per cápita. Esta relación presenta una gran variación entre
países, desde 0.66 en México hasta 3.18 en Costa Rica en 2011.
La relación se ha incrementado
significativamente en Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Uruguay.
En los países del Caribe, los
salarios mínimos superan alrededor de dos o más veces la línea
de pobreza anual para adultos, excepto en el caso de Jamaica,
donde en 2009 la proporción fue de 1.8".
Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en agosto de 2014 el
ingreso diario laboral por persona (el ingreso por trabajo recibido
por toda la población, dividido entre la población total) es de
49.76 pesos, monto que consideran como el "umbral de la pobreza".
El precio de la canasta diaria
alimentaria urbana y rural, bautizada como "el mínimo de bienestar",
es estimado en 41.42 pesos y 28.94 pesos. Si a esa canasta se le
agrega la no alimentaria, clasificada como de "bienestar", el costo
de la urbana es de 84.74 pesos y la de la rural de 53.82 pesos.
Con ese ingreso, que supera en 20 por ciento al precio de la canasta
alimentaria urbana y en 72 por ciento a la rural, según el Coneval,
se pueden adquirir al menos 21 tipos de esa clase de productos en la
primera zona y 17 en la segunda:
cereales, cárnicos, frutas, verduras
y leguminosas, huevo, leche y derivados y otros.
Es una auténtica proeza ajustar esos
productos al precio de esas canastas.
Pero el Coneval logró esa hazaña por
medio de la medición cegesimal, método que deberían aprender los
individuos para no malgastar sus ingresos.
Por ejemplo, por día, estima en,
-
155 gramos el consumo de
tortillas, unas 5 piezas de 30 gramos cada una
-
26 gramos de pan blanco,
equivalente a una rebanada de chatarra que empresas como
Bimbo venden como si fuera pan, o la mitad de un bolillo o
telera, ya que cada uno pesa alrededor de 55 a 60 gramos
-
21 gramos de filete de res,
menos de la mitad de uno que pese 70-100 gramos
-
3.4 gramos de pescado, cuando un
filete pesa al menos 100 gramos
-
200 mililitros o un cuarto de
leche
-
30 gramos de huevo, la mitad de
uno, ya que una pieza pesa alrededor de 60 gramos
-
30 gramos de manzana, menos de
la mitad de una
En el caso de la canasta no alimentaria,
supone que una persona gasta 218 pesos mensuales en transporte
público, 10 pesos diarios, equivalente a dos viajes, lo que
implicaría que los fines de semana no sale de su hogar o decide
caminar, acaso para hacer ejercicio.
En productos de limpieza y cuidados de
la casa personal gasta 2.31 pesos diarios y 4 pesos diarios. En
educación, cultura y recreación, 8.31 pesos diarios. En
comunicaciones y servicios para vehículos, 2.5 pesos. En prendas de
vestir, calzado y accesorios 5.43 pesos. En salud 5.51 pesos.
De esa manera elabora él sus canastas y las emplea para estimar la
pobreza, aunque parezcan estimaciones ridículas.
Es obvio que el ingreso laboral no alcanza para cubrir la canasta
alimentaria y no alimentaria, ya que sólo cubre el 59 por ciento del
precio de la urbana y el 92 por ciento de la rural. La diferencia en
la cobertura de ambas es que la canasta no alimentaria rural
requiere menos recursos para el transporte público, cuidados
personales y de salud, prendas de vestir, calzado y accesorios o
enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda.
Eso dice
el Coneval...
Con las cuentas del Coneval, un aumento de 8.2 por ciento, 4 pesos
diarios o 122 mensuales al ingreso laboral, que es de 1 mil 493
pesos mensuales, se adquiriría la canasta alimentaria y no
alimentaria rural, tasada en 1 mil 615 pesos.
En el caso de la urbana es más
complicado. El alza al ingreso tendría que ser de 70 por ciento, 15
pesos diarios o 1 mil 50 mensuales para comprar dicha canasta,
valuada en 2 mil 542 pesos. Así, quienes reciben dicho ingreso se
ubicarían en las líneas de "bienestar mínimo" y de "bienestar".
Si el salario mínimo medio es de 68.58 pesos diarios, o 1 mil 967
pesos mensuales, con él se pueden adquirir sin problemas una canasta
y media alimentaria urbana y poco más de dos de la rural. El mínimo
rural supuestamente cubre el precio de ambas canastas rurales, pero
no así el mínimo urbano, el cual sólo cubre el 75 por ciento.
Para que pueda adquirirla, el mínimo
urbano tendría que aumentarse en 29 por ciento. En 19.16 pesos
diarios más para que llegue a 84.74 pesos diarios, u 874.84 pesos
mensuales adicionales, o 2 mil 542 pesos (ver gráfica 3).
Estas cantidades coinciden con la
propuesta de Miguel Ángel Mancera, quien sugiere elevar el mínimo en
25 por ciento para ubicarlo en 82.86 pesos diarios, o 2 mil 485.80
mensuales, monto similar a precio de las canastas alimentaria y no
alimentaria.
Afortunadamente, las personas que obtienen un salario contractual no
tienen esas tribulaciones, pues su ingreso medio es del orden de 3
mil 275.28 pesos. En la lógica del Coneval, con ese salario se
pueden adquirir ambas canastas.
Más afortunados son los altos servidores públicos o los empresarios
cuyos ingresos los mantienen alejados de los aromas de miseria que
se desprenden del "bienestar mínimo" y del "bienestar".
Por ejemplo, el secretario ejecutivo del
Coneval, Gonzalo Hernández Licona, tiene un salario base de
17.6 mil pesos mensuales.
Visto serenamente el asunto, ese salario no es gran cosa. Podría
decirse que es razonable. Una decorosa manifestación de austeridad
republicana que engalana al responsable en su nada grata tarea de
contabilizar y distinguir a pobres e indigentes.
Pero el ascetismo no es una virtud de Hernández Licona, como tampoco
lo de la elite política y empresarial.
La chanza de la frugalidad se diluye en
el ácido cáustico de la compensación, cuyo monto asciende a 174.9
mil pesos, por lo que su ingreso bruto se eleva a 192.5 mil pesos
brutos. Después del pago de impuestos le quedan 112 mil pesos. Una
cantidad poco republicana, pero respetable para quienes han hecho un
modus vivendi del presupuesto.
Con ese sueldo y otras prestaciones, Hernández Licona y sus
muchachos pueden dedicarse, sin los aterradores tormentos del
estómago y las carencias materiales, a la ciencia de la
pobretología.
Algo similar ocurre con los líderes sindicales que, una vez
cubiertas sus necesidades más allá de las básicas, pueden dedicarse
a pastorear a sus agremiados.
-
Rafael Riva Palacio, democrático
dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, al cual ha regenteado durante 37 años,
católico reputado - pues anualmente organiza para sus
trabajadores conmovedoras peregrinaciones a la Basílica - y
fiel militante priísta, gana hasta 133 mil pesos al mes,
sólo 9 mil pesos menos que Enrique Peña Nieto.
-
Víctor Fuentes, capo del
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana, percibe 2 millones de pesos anuales.
-
Ricardo Aldana, diputado priísta
y miembro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, puede darse el lujo de usar relojes
valuados en más de 126 mil pesos.
Pueden hacerse los cálculos más
refinados, pero el modelo económico exuda pobreza y miseria por sus
poros.
Se puede subestimar su magnitud con
canastas estrambóticas, pero la población con un ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo (pobreza alimentaria) pasó de 15.1
millones de personas a 23.1 millones entre 2006 y 2012. En las zonas
urbanas, de 5.2 millones a 9.5 millones. En la rural, de 10 millones
a 13.6 millones.
Además, las personas cuyo ingreso es
inferior a la línea de bienestar pasó de 60.6 millones ahora suman
62 millones.
La recuperación del poder de compra del salario mínimo medio perdido
desde 1976 (76 por ciento) implicaría que éste se ubique en
alrededor de 284 pesos diarios, unos 8 mil 500 pesos mensuales. Pero
esa cantidad no dice si es posible obtener los satisfactores
básicos.
Si en lugar de considerar sólo a un trabajador y se toma en cuenta
una familia integrada por cuatro personas, dos aportantes y dos
dependientes, según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el panorama cambia radicalmente, como se observa en el
cuadro 2. El ingreso laboral y el salario mínimo y contractual,
considera dos aportaciones en cada caso, repartido entre cuatro
familiares.
Asimismo, se considera que con las dos
percepciones una familia puede comprar el equivalente a dos canastas
alimentarias y no alimentarias que serán repartidas entre ellos.
El resultado es desolador...
Con el ingreso laboral, en 2014, una
familia sólo puede adquirir el 42 por ciento de la canasta
alimentaria rural y el 30 por ciento de la urbana, así como el 23
por ciento de dicha canasta y la no alimentaria rural, y el 15 por
ciento de la urbana.
El salario mínimo sólo puede comprar el 56 por ciento y el 40 por
ciento de la canasta alimentaria rural y urbana, y el 30 por ciento
y el 19 por ciento de la alimentaria y no alimentaria.
El salario contractual permitiría disponer de 1.6 veces la canasta
alimentaria rural y sólo el 80 por ciento de la urbana. En el caso
de ambas canastas, apenas pueden disponer del 62 por ciento y del 39
por ciento de la rural y urbana.
En realidad, el 81 por ciento de los ocupados, 41 millones de casi
50 millones, que reciben hasta cinco veces el salario mínimo tienen
problemas para cubrir sus necesidades básicas.
Miguel Reyes, del Observatorio de Salarios de la Universidad
Iberoamericana en Puebla, realiza otra medición:
emplea la canasta básica del Coneval,
considera una familia integrada por cuatro personas, dos
aportantes y dos dependientes y añade el costo de los insumos
necesarios para la preparación y conservación de los alimentos.
Con esos criterios estima al precio de
la canasta alimentaria en 6.5 mil pesos mensuales y la no
alimentaria en 9.9 mil pesos.
Globalmente, concluye que lo que
denomina como un "salario mínimo constitucional" ascendería a 16 mil
444 pesos (ver cuadros 2 y 3 y gráfica 4).
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