por Maude Barlow

2003

del Sitio Web AgendaLatinoamericanaMundial

 

 

 

El consumo mundial de agua se está duplicando cada 20 años, más del doble de la tasa de crecimiento mundial de la población. Según la ONU, más de mil millones de personas carecen ya de acceso al agua potable.

 

Si la tendencia continúa, para el año 2025 la demanda de agua potable se espera que aumente un 56% más que la cantidad de agua de la cual se dispone actualmente. Las corporaciones multinacionales conocen estas tendencias y están tratando de monopolizar el suministro de agua en todo el mundo.

 

Monsanto, Bechtel y otras grandes multinacionales mundiales están buscando controlar los sistemas de agua y su abastecimiento.

Hace poco el Banco Mundial (BM) adoptó una política de privatización del agua y también para la estipulación del precio del agua a un costo total. Esta política está causando gran aflicción en muchos países del Tercer Mundo, que temen que sus habitantes no puedan afrontar la tarifa del agua. La resistencia fundamental a la privatización del agua surge a medida que las compañías expanden su margen de ganancia.

 

La compañía Bechtel Enterprises de San Francisco, EE.UU., fue contratada para hacerse cargo de la empresa de agua de Cochabamba, luego de que el BM exigiera a Bolivia que la privatizara.

 

Cuando Bechtel comenzó a aumentar el precio del agua, toda la ciudad hizo una huelga. Los militares mataron a un chico de diecisiete años y arrestaron a los líderes huelguistas de los derechos del agua. Pero después de cuatro meses de disturbios, el gobierno Boliviano sacó a Bechtel de Cochabamba.

La empresa Bechtel Group Inc. es una corporación que tiene una larga historia de abuso del medio ambiente. Ahora ha sido contratada por la ciudad de San Francisco para mejorar el servicio de agua de la ciudad. Los empleados de Bechtel están trabajado muy unidos con los del gobierno para conseguir la privatización, que los activistas temen que lleve a que la compañía se apodere del servicio de agua de San Francisco.

 

Maude Barlow, presidente del "Consejo de Canadienses", el grupo de apoyo estatal más grande de Canadá, declara:

"Los gobiernos en todo el mundo deben actuar rápidamente para declarar el agua como un derecho humano fundamental, y prevenir así los intentos de privatizar, exportar, y negociar con esta sustancia esencial para todo ser viviente".

Los estudios realizados demuestran que comercializar el agua en mercado abierto tiene como consecuencia que sólo llegue a las ciudades y a las personas ricas.

Los gobiernos están cediendo el control que tenían sobre los proveedores de agua nacionales, a través de la participación en tratados de comercio como el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA) y en instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC, WTO).

 

Estos acuerdos otorgan a las corporaciones transnacionales derechos sin precedentes sobre el agua. Los conflictos relacionados con el agua están surgiendo en todo el mundo. Monsanto planea obtener ingresos de 420 millones de dólares y una utilidad de 63 millones de dólares para 2008, con sus negocios de agua en India y México.

 

Monsato calcula que el agua se convertirá en un mercado multimillonario en dólares en las décadas venideras.

 

 



Actualización realizada por Maude Barlow

 

 

Para mayor información para esta historia y el proyecto "Blue Planet", por favor póngase en contacto con "El Consejo de Canadienses": teléfono, 613-233.2772; fax, 613-233-6776;

dirección, 502-151 Slater Street, Ottawa, ON. Canada, K1P 5H3; website, www.canadians.org
Maude Barlow es la presidente del "Consejo Nacional de Canadienses" y directora del IFG.

 


Esta historia es de vital importancia para el mundo y toda la humanidad.

 

Los recursos finitos de agua potable (menos del 0.5% de la totalidad de las reservas de agua del mundo) están siendo desviados, agotados y contaminados tan rápidamente que, para el año 2025, dos tercios de la población mundial estará viviendo en un serio estado de carencia.

 

Sin embargo los gobiernos están entregando la responsabilidad de este precioso recurso a las gigantes corporaciones transnacionales, quienes, en connivencia con el BM y con la OMC (WTO - World Trade Organization), buscan privatizar y hacer del agua un bien comerciable en todo el mundo, e imponer su comercialización en el mercado abierto para la venta al mayor postor.

 

Millones de ciudadanos del mundo están siendo despojados de este derecho humano fundamental, y se está realizando un enorme daño ecológico, a medida de que la industria masiva hace uso del agua que alguna vez se utilizó para sustentar a las comunidades y abastecer la naturaleza.

Hace poco tiempo se creó un movimiento civil creado para obtener de nuevo el control del agua y quitárselo a las fuerzas dedicadas a lucrar con ella, a la vez que la reclaman para la gente y la naturaleza. Este movimiento se llama "El Proyecto Planeta Azul", y es una alianza de granjeros, militantes del medioambiente, aborígenes, trabajadores del sector público, activistas urbanos que impusieron el tema del agua como un derecho humano, en el Foro Mundial del Agua realizado en La Haya en mayo del 2000.

Un proyecto importante ha sido el del apoyo a los activistas del agua en Cochabamba, Bolivia, quienes dirigidos por el líder del sindicato Oscar Olivera, forzó la gigante compañía de ingeniería Bechtel a dejar el país e impidió que el BM impusiera un programa de privatización, que duplicaba a más del doble el precio del agua los usuarios locales. La prensa convencional ha sido renuente de contar esta historia.

Nuestra lucha en Canadá comenzó con una preocupación sobre el potencial de las exportaciones de volumen de agua, buscados por algunos políticos y corporaciones. El agua está incluida tanto en el tratado NAFTA y la OMC como una mercancía comercial; una vez que la canilla se abre, los derechos de las corporaciones se establecen inmediatamente.

 

Pero nuestra prensa convencional generalmente apoya la globalización económica y estos acuerdos comerciales, y sólo permitiría algunas denuncias selectivas de la oposición. Mi trabajo sobre la conversión del agua en un bien comerciable, cuyo título es "Blue Gold" (Oro Azul), fue publicado por el Foro Internacional sobre Globalización (IFG) en 1999 en varios idiomas, y se vendió en todo el mundo, pero fue ignorado por la prensa norteamericana.

La historia de la destrucción de las pocas fuentes de agua potable que todavía quedan en el mundo es una de las historias más apremiantes de nuestros días; simplemente no hay manera de exagerar la naturaleza de esta crisis.

 

Sin embargo cuando la prensa convencional escribe sobre este tema -lo cual no hace muy frecuentemente o con suficiente profundidad- raramente plantea la pregunta más importante:

"¿quién es dueño del agua?".

Nosotros decimos que la tierra, pertenece a todas las especies y todas las generaciones futuras. Muchos de los que están en el poder tienen otra respuesta.

 

Llegó la hora de debatir.




Actualización realizada por Jim Shultz
por Jim Shultz


Han pasado ocho meses desde que el pueblo de Cochabamba forzó la salida de la subsidiaria de la Corporación Bechtel y devolvió el control del suministro de agua de la región a manos del estado.

 

Esta historia ha traído una atención sin precedentes al tema de la privatización del agua y se continuaron desplegando importantes eventos, ambos en el ámbito local e internacional.

 

En el ámbito local, los habitantes de Cochabamba están trabajando codo a codo con la nueva y reconstituida compañía de agua, SEMAPA, para extender el servicio de agua a más familias. En Alto Cochabamba, uno de los vecindarios más pobres de la ciudad, el tanque de agua de la comunidad había permanecido vacío por años y se había convertido en el basural de la localidad. Hoy el tanque está operando en su totalidad, brindando por primera vez al vecindario agua potable suministrada por el estado.

 

Los activistas cívicos dicen que están construyendo una empresa de servicios públicos que será manejada por la gente y no por los políticos corruptos o alguna corporación que cobre sobreprecios que no son democráticos.

Como resultado directo del informe del Centro para la Democracia, la rebelión del agua de Cochabamba también está trayendo una sustancial atención y solidaridad en todo el mundo. En diciembre, una delegación de activistas de acciones civiles y grupos sindicales de EE.UU. y Canadá vinieron a Cochabamba para una conferencia internacional sobre la privatización del agua.

 

Estos grupos y otros también prometieron su apoyo para luchar contra el último ataque de Bechtel, una demanda por casi $20 millones - la compensación por perder su lucrativo contrato en Cochabamba. Esta es una acción que enfrenta una de las corporaciones más ricas del mundo contra la gente de una de las naciones más pobres de América del Sur.

La compañía Bechtel se ha estado moviendo para conseguir el foro internacional más amistoso posible y aparentemente ha decidido que sus mejores chances consisten en una demanda bajo el Tratado de Inversiones Bilateral (Bilateral Investment Treaty - BIT), que fuera firmado con anterioridad entre Bolivia y Holanda.

 

Luego el año pasado Bechtel sigilosamente reorganizó los papeles corporativos para establecer su subsidiaria bajo registro Holandés, y de esa manera prepararse para tal acción.

 

Algunos grupos internacionales se están preparando para ayudar a los líderes de Cochabamba a luchar contra la demanda de Bechtel.

"Esto va a ser la gran lucha internacional de la sociedad civil contra la acción legal de una corporación bajo este tipo de tratado", dice Antonia Juhasz del Foro Internacional sobre la Globalización con sede en San Francisco.

Los artículos del Centro para la Democracia, que salen principalmente en la prensa progresista y fueron distribuidos ampliamente por Internet, también atrajeron la publicación en matutinos dedicados al tema de algunas ciudades, tales como el San José Mercury, San Francisco Examiner, y el Toronto Star (gracias a la distribución realizado por el Servicio de Noticias del Pacífico).

 

Sin embargo, gran parte de la cobertura de la historia realizada por la prensa convencional se limitó a los despachos del corresponsal de Associated Press de Bolivia. El corresponsal, Peter McFarren fue a cubrir historias que repetían con mucha ansiedad los dichos del gobierno Boliviano y de Bechtel, acusando falsamente del levantamiento del agua a los "narcotraficantes".

 

Un lector de los artículos del Centro para la Democracia notó la diferencia en el reporte y descubrió que McFarren estaba, al mismo tiempo, haciendo lobby de manera activa para que el Congreso Boliviano aprobara un proyecto muy controvertido para llevar agua de Bolivia a Chile. Cuando este conflicto de intereses fue denunciado a Associated Press, de repente McFarren presentó su renuncia.

 

Más información sobre esta historia, incluyendo la suscripción a los correos-e de noticias gratuitos en los cuales se originó la historia, se puede encontrar en democracyctr.org

 



Actualización realizada por Pratap Chatterjee

por Pratap Chatterjee

La revista de ingeniería News-Record clasifica a Bechtel como la compañía constructora más grande de EE.UU.; además es la compañía privada más grande del norte de California.

 

Ha construido mega proyectos: desde el conducto de Alaska y la represa Hoover hasta el puente de la bahía de San Francisco, desde conductos de gas natural en Argelia hasta refinerías en Zambia.

 

Raramente un día pasa sin que la compañía firme un nuevo contrato en algún lugar del mundo. Han trabajado en 19.000 contratos en 140 países en el último siglo, muchos de estos con plata de los contribuyentes. Sin embargo, un repaso extensivo de los contratos de Bechtel en los últimos 100 años muestran que una y otra vez la compañía fue encontrada culpable de realizar conexiones políticas corruptas.

 

De hecho, si existe un patrón de proyectos de los trabajos sobre empresas públicas de Bechtel es el siguiente:

La compañía trabaja en el más extremo secreto y de manera rutinaria aumenta el costo de los proyectos más allá de la oferta original, defraudando a los contribuyentes con enormes y a menudo inesperadas cuentas.

Aún cuando estos costos excesivos salen en los titulares de los diarios, los impactos del medio ambiente y sociales de las actividades de construcción de la compañía raramente son mencionados, como ser:

  • instalación de sitios para pruebas nucleares en Nevada

  • ayudando a rebanar la cima de una montaña sagrada en la isla de Nueva Guinea del Pacífico para construir la mina de oro más grande del mundo

  • planeando la instalación de tuberías para Saddam Hussein en Irak

  • esbozando planes de desarrollo para un hombre acusado de matar a medio millón de refugiados Hutu en la República Democrática del Congo (ex Zaire)

  • construyendo refinerías tóxicas para Chevron en Richmond que están destruyendo la Bahía de San Francisco

La dirección de Bechtel se volvió loca cuando el personal de la casa central leyó la historia publicada en el San Francisco Bay Guardian y comenzaron a hacer preguntas.

 

Pudimos obtener un memo interno que explicaba al personal porqué la empresa había decidido no dar respuesta sobre la historia:

"No estamos considerando un recurso legal por diferentes razones:

  • Para ganar una demanda por calumnias e injurias, la compañía Bechtel tendría que haber mostrado que los periodistas, activistas y políticos en cuestión, o sabían que tales declaraciones eran falsas o abrigaban serias dudas sobre su exactitud; y esto podría ser muy difícil de probar.

     

  • Una demanda le daría a los más acerbos críticos de Bechtel la posibilidad de ir a otro tribunal público, en donde responder a sus demandas. A los abogados defensores se les permitiría que comiencen a meterse a descubrir una gran variedad de asuntos de negocios de Bechtel, que no son de carácter público - y que también empiecen a requerir de documentación y tomar declaraciones de los empleados de Bechtel - para probar si en realidad las demandas son auténticas.
     

  • También Bechtel tendría que probar que tan grandes fueron los daños sufridos como resultado de la supuesta difamación. Tendría que demostrar que tuvo pérdida económica, lo que resultaría difícil de probar (y otra vez existiría la posibilidad de que descubriesen información confidencial)."

La prensa convencional a menudo escribe sobre los contratos que gana Bechtel y concluye, pero raramente ahonda para encontrar algo más sobre el impacto de estos proyectos.

 

Nunca investigaron con detenimiento sobre la historia de la compañía o intentaron adentrarse en los trabajos internos de la compañía: esto en parte sucede porque la empresa se niega a que los medios puedan acceder a su personal o a sus directivos.

 

 


 

 

 

 

 



BOLIVIA'S WAR OVER WATER
by Jim Shultz
Also published as "The Water is Ours Damnit!"
in We are Everywhere (Verso Press, 2003)

from DemocracyCenter Website

 

 

 

Jim Shultz, executive director of The Democracy Center (www.democracyctr.org), lives in Cochabamba, Bolivia and is the author of "The Democracy Owners' Manual" (Rutgers University Press).

His reports on the Cochabamba water revolt shared honors for top story of the year from Project Censored.

 

 


Before April 2000, few people outside of Bolivia had ever heard of Cochabamba, a city of 600,000, tucked away in an Andean valley 8,000 feet high. Four months into the new century that changed.

 

Cochabamba became the front line in the growing international battle over the rules of economic globalization.

 

Standing down soldiers, resisting a declaration of martial law, and rising up against a wave of worship the market economic theology, South America's poorest people evicted one of the world's wealthiest corporations and took back something simple and basic - their water.
 



Precursors

Bolivia's experience with the darker forces of globalization began centuries ago, in another Andean city - Potosi.

 

There, in 1545, a modest hill was discovered to be, quite literally, a mountain of silver. For nearly three centuries Spanish colonialists mined the hill, Cerro Rico or Rich Hill, of enough silver to virtually bankroll the Spanish empire. They also left behind, in the words of Eduardo Galeano, "8 million Indian corpses." [1]

 

Slave miners were sent into the pitch dark and stale depths for as long as six months at a time. Many of those who survived went blind from re-exposure to sunlight. Bolivia's first lesson about globalization was this one - a people blessed by the Earth with one of the largest single sources of mineral wealth in the history of the planet ended up the poorest nation in South America.

This memory of horrific abuse and the theft of wealth across the sea was not lost on the Bolivian soul when, in the 1980s and 1990s, the World Bank and International Monetary Fund (IMF) decided to make Bolivia a laboratory for their own modern experiments in global economics.

 

Using the contemporary tools of economic power - holding up loans, aid, and debt relief - the Bank and IMF influenced and outright coerced the Bolivian government into selling or leasing its public enterprises into corporate hands. One by one the Bolivian government sold or leased off the national airline, the railroad, and the electric company, often with disastrous results.

 

The Chilean purchaser of the railroad dismantled it for parts and shut it down.

The World Bank's most aggressive pressure campaign for privatization focused on the public water system of Bolivia's third largest city, Cochabamba. Bank water officials believe in privatization the way other people believe in Jesus, Mohammed, Moses, and Buddha. They argue that it is essential as a means of securing capital for water development and to bring aboard skilled management.

 

In public the Bank softens its tone, calling privatization just one option and,

"not a magic pill." [2]

Behind closed doors, however, Bank officials are not so subtle.

In February 1996, Bank officials told Cochabamba's Mayor that it was making a $14 million loan to expand water service conditioned on the city privatizing its water. [3] In June 1997, Bank officials told Bolivia's President that $600 million in international debt relief was also dependent on Cochabamba putting its water into corporate hands. [4]

 

Bank officials would later claim that they didn't like the details of the way Bolivia negotiated the privatization, but the Bank's role as the force behind it is indisputable. The Bolivian government followed the Bank's orders. In September 1999, in a closed-door process with just one bidder, Bolivian officials leased off Cochabamba's water until the year 2039, to a mysterious new company named Aguas del Tunari - which would later turn out to be a subsidiary of the California engineering giant, Bechtel.

The water contract was, to put it mildly, a sweet deal. The agreement guaranteed the company an average profit of 16% per year every year over the 40 year life of the contract. Through a parallel water law approved by the Bolivian Congress and President the company was also to be given control over hundreds of rural irrigation systems and community wells, projects paid for and built by local people without government help.

Just weeks after taking over the water, Bechtel's company hit local families with rate increases of up to 200% and sometimes higher. Workers living on the local minimum wage of $60 per month were told to pay as much as $15 just to keep the water running out of their tap.

 

Tanya Paredes, a mother of four who supports her family knitting baby clothes, saw her water bill increased from $5 per month to nearly $20, a rise equal to what it costs her to feed her family for a week and a half.

"What we pay for water comes out of what we have to pay for food, clothes and the other things we need to buy for our children," she says.

 



The Water War Begins

Even before the huge rate hikes were introduced, a citizen's movement began forming to challenge the privatization, a group which came to be known as La Coordinadora.

 

Its leadership came from the local factory workers union, irrigators and farmers, environmental groups, local economists, progressive members of Congress, and a broad base at the grassroots. La Coordinadora was both urban and rural, both poor and middle class.

In November 1999, the Federation of Irrigators, furious about the planned give away of their water systems, staged a 24 hour blockade of the highways leading in and out of Cochabamba.

"Our objective was to test what capacity we had to fight," recalls Omar Fernandez, leader of the irrigators' union. "We found out that our base wanted to move faster than even our leadership. In [the small town of] Vinto they blockades the highway for 48 hours."

After the blockades the rural water users formed an alliance with urban users concerned about Bechtel's takeover of the city water system and on November 12, 1999 La Coordinadora for the Defense of Water and Life was born.

In January 2000, after the water company announced its huge rate increases, the Coordinadora sprang out of political nowhere with its first public action, a citywide paro, a general strike. This tactic was not new to Cochabamba.

 

Once or twice a year local transportation workers and other groups would organize actions in which the buses stop running, the bridges and roads are blocked, businesses and schools are shut down, and the city takes a one day holiday of soccer and bike riding while negotiators try to reach a settlement over the demand of the day.

 

The Coordinadora's January action against the water price hikes was different. For three days Cochabamba was shut down tight as a drum. Blockades closed down the two main highways leading in and out of town, eliminating bus transportation and food shipments. The airport was shut. Roadblocks fashioned out of piles of rocks and tree branches cutoff all traffic in the city.

 

Thousands of Cochabambinos occupied the city's tree-lined, colonial central plaza. At one corner of the plaza the Coordinadora set up its headquarters in the ragged offices of the local factory workers' union and hung a wide banner from the third floor balcony. Bright red with white letters the banner carried the city's new rallying cry, El Agua es Nuestra Carajo!, The Water is Ours Damn It!

Just across the plaza sat the offices of Cochabamba's regional governor, an appointee of the President.

 

After a day of refusing even to recognize the Coordinadora as a legitimate organization, the governor agreed to meet its leaders. During the negotiations the governor could hear the angry chants of thousands of protesters, quite literally at his door. The government finally signed an agreement to review the water company's contract and the new water law, if the protest was suspended.

 

Coordinadora leaders gave the government three weeks.

As is political custom in Bolivia, the government broke its word. As January turned to February no change in the rates was forthcoming and the people of Cochabamba were refusing to pay their bills to Bechtel. The company, growing desperate, threatened to shut off people's water. The Coordinadora announced that it would stage a takeover of the city's symbolic central plaza once again, on February 4th. What was planned was a simple lunchtime protest to remind the government that the people were still watching.

 

Several hundred protesters would march to the plaza, hear some speeches, prod the government to keep its word, and then go back to work..

"We told the minister of government, ‘Nothing is going to happen," says Oscar Olivera, head of the Cochabamba Factory Workers Union and one of the Coordinadora's most visible leaders. "It is a takeover with white flags, with flowers and bands, like a party."

The government announced that the protest was not going to be allowed and on the morning of the 4th more than 1,000 heavily armed police and soldiers took control of the city's center, almost all brought in from other cities (as Cochabamba police could not be counted on to take such a hard line against their own relatives).

 

For the people of Cochabamba, even those who may not have been sympathetic to the water revolt before that, the invasion of police was akin to a declaration of war. Not only was the government refusing to rollback the company's huge price hikes, now it was protecting Bechtel's increases with tear gas and guns.

For two days central Cochabamba turned into a war zone. Every block leading to the plaza was converted into a mini-battle field. At one end police outfitted in full riot gear blocked the streets with tear gas cannons. At the other end protestors - young people, old people, poor and middle class - held their ground with rocks and slingshots. Many wore the impromptu uniform of vinegar-soaked bandanas over the mouth and nose and baking soda under the eyes, protection against the gas.

 

I asked a young policeman if he would shoot and kill me if ordered to by his captain.

"Yes, if it was an order."

As the conflicts continued, the doors of middle class homes would open up and bowls of food and water would appear, an offering of support to those standing up to the government in the streets.

 

Almost all local radio programming converted into phone-in discussions about the battle in the city center, with caller after caller condemning the government and the company. In two days more than 175 people were wounded, most all victims of tear gas canisters or police beatings. Whatever public legitimacy the government had on the issue it lost. It announced an agreement with the company to invoke a temporary rate rollback for six months.

 

The Coordinadora had won its first victory.

"This gave a lot of strength to the people, a lot of energy. They felt victorious," says Olivera.

 

 


A Change of Strategy

"The [Bechtel] contract was very hard to get hold of," says Omar Fernandez of the Coordinadora. "It was like a state secret."

Through members of Congress the Coordinadora was finally able to get a copy.

 

After the February confrontations Coordinadora leaders began to examine the contract more closely, with the help of sympathetic economists and lawyers. They uncovered Bechtel's guaranteed 16% profit, the fact that the company had won the concession with virtually no up-front investment, as well as other provisions which made clear just how bad a deal the government had agreed to.

 

The Coordinadora became convinced that they needed to switch their sights from merely rolling back water rates to repealing the contract altogether and putting Cochabamba's water under direct public control.

The demand for cancellation of a major international water contract was bold, to say the least. Nowhere else had popular protest succeeded in reversing such a major privatization deal. In March, Coordinadora leaders took up an organizing strategy pioneered by activists in Mexico, the consulta popular. For three days Coordinadora activists set up small tables in plazas and other public gathering places throughout the Cochabamba Valley, to survey residents with a simple question - should the water contract be canceled? More than 60,000 people participated, nearly ten percent of the valley's population.

 

The answer, by a vote of more than 90% was a resounding yes.

"The consulta made our movement much more participatory," says Olivera.

Cancellation of Bechtel's contract now became the Coordinadora's official demand.

 

 


The Final Battle

In April the Coordinadora announced what it called La Ultima Batalla, the Final Battle.

 

Coordinadora leaders warned that they would begin an indefinite general strike and blockade of the highways until the government met its two key demands - cancellation of the water company's contract and repeal of the national law through which the government planned to give Bechtel control over wells and rural irrigation systems.

 

On Tuesday April 4th the threatened wave of protests began and Cochabamba was shut down again for the third time in four months.

 

On Thursday, after Cochabamba had been shut down for two days, government officials finally agreed to sit down to talk with Coordinadora leaders, in negotiations moderated by Cochabamba's Catholic Archbishop, Tito Solari. Late that night Coordinadora leaders began their talks in the state's offices, with the governor, the city mayor, the Archbishop and other officials.

 

Suddenly police under orders from the national government in La Paz burst in and put the Coordinadora leaders under arrest.

"It was a trap by the government to have us all together, negotiating, so that we could be arrested," says Olivera, who was among those taken into custody.

Bishop Solari locked himself in his own office for the night, telling reporters that if the Coordinadora was under arrest so was he.

On Friday, after the Coordinadora leaders were released, Cochabamba residents expected a military takeover of the city at any moment. Bolivia's President, Hugo Banzer, who had ruled over the nation during the 1970s as a dictator, was well known for his easy use of political repression.

 

The atmosphere in the city was incredibly tense, especially in the central plaza where news of the arrests the night before had drawn a gathering of more than 10,000 people. Many came from the city but thousands of others had marched in long distances from the countryside and had been there for days. Community by community they arrived, to great cheers, each group carrying a banner bearing the name of their pueblo.

 

One rural town official, who had marched 70 kilometers to get to Cochabamba, told me,

"This is a struggle for justice, and for the removal of an international business that, even before offering us more water, has begun to charge us prices that are outrageously high."

A meeting was announced for 4pm between the Governor and the Coordinadora, to be mediated by Archbishop Solari.

 

After mid-day it was announced that the Governor would sit down once more with Coordinadora leaders, this time in the offices of the Bishop. When word spread that the Governor had failed to show, people in the plaza feared the worst.

 

A half dozen teenage boys climbed to the bell tower of the city's Cathedral, tying ropes to the bells so that they could be rung as a warning when soldiers started to invade the city. Even amidst the thick tension, however, Bolivia's natural humor came through. An ice cream seller circulated through the dense crowd, carrying a white styro-foam ice chest across his front.

 

One of the protesters from the countryside crouched down behind him and yelled loudly,

"Ice cream, ice cream, free ice cream."

In his plaza office Governor Hugo Galindo could hear the angry crowd outside.

 

Windows had already been broken on the front of the building. A fire was set against the giant wooden main entrance door. At the hour he was supposed to have met with Coordinadora leaders, instead he telephoned his superiors in La Paz.

 

He explained that he saw no alternatives except cancellation of the contract or an all out war between the people and government. He recommended that the contract be canceled. Banzer's people were noncommittal. Galindo then called Archbishop Solari, sitting in his office with Coordinadora leaders. He told the Bishop that he had urged the President to cancel the contract. When Bishop Solari relayed that message to Olivera and other Coordinadora leaders it got transformed into something more dramatic - that the company was leaving.

Minutes later, still wearing a vinegar-soaked red bandana around his neck and with white smudges of baking soda under his eyes, Olivera emerged from a third floor balcony over the plaza.

"We have arrived at the moment of an important economic victory over neoliberalism," he yelled with a hoarse voice to the crowd, which erupted in a cheer that rivaled thunder.

He thanked the neighborhoods, the transportation workers, people from the countryside, university students, and others who had made the battle and the victory possible.

 

Cochabambinos celebrated in the streets. Archbishop Solari presided over a packed service of celebration in the Cathedral.

Within hours events took a dark an unexpected turn. Banzer's spokesman refused to confirm the company's departure. Bechtel's local representatives faxed notices to the press declaring that they weren't leaving. At midnight Governor Galindo went on TV live, told city residents that he didn't want to be responsible for a "blood bath", and resigned.

 

Bands of police started to appear at the doors of Coordinadora leaders and their families, arresting all those they could find.

"At around midnight I was passing by the Los Tiempos [the daily newspaper] building and a reporter told me, ‘The government is going to declare a state of emergency," recalls Omar Fernandez. "So I took off on my motorcycle and hid."

Seventeen people in all were put on a plane in Cochabamba and flown off to a mosquito infested jail out of the way in Bolivia's remote eastern jungle. Those that escaped arrest, including Fernandez and Oscar Olivera, went into hiding.

On Saturday morning panicked city residents scrambled to local markets, which had been closed for four days, to stock up on food. At 10am President Hugo Banzer, the former dictator, declared a state of emergency, essential martial law.

 

Soldiers shut off TV and radio broadcasts. A whole section of the city, the hillside where antennas continued to broadcast news, had its power cutoff, taking most of the remaining stations off the air. A curfew was instituted. Public meetings of more than two people were banned. Cochabamba was under a dictatorship.

The public response was quick and furious. Even with its leaders under arrest and in hiding, the Coordinadora called for an immediate reinstitution of the road blockades and work stoppages. In my neighborhood an old women with a bent back laid out rocks in our street to block it.

 

Young people, dubbed "the water warriors" headed back downtown to challenge Banzer's troops. Women traveled door to door to collect rice and other food to cook for the people who remained camped in the plaza.

By Saturday afternoon the conflict turned violent. Protesters set fire to a vacant state office building, sending a huge plume of black smoke into Cochabamba's clear blue sky. Soldiers switched from using just tear gas to live rounds. A local television station captured footage of an army captain, Robinson Iriarte de La Fuente, a graduate of the U.S. School of the Americas, disguised in plain clothes as he shot live rounds into a crowd of protesters.

 

At that same time an unarmed seventeen year old boy, Victor Hugo Daza, was shot and killed with a bullet through the face. In the land of the Incas the battle over globalization, tragically, had its first martyr. His companions brought his bloody body to the plaza and held an angry, emotional wake. [5]

Cochabamba had reached a bloody standoff. President Banzer, who now faced spreading protests on other issues in cities all across the nation, had made it clear that he was not about to cancel a contract with a major multinational corporation. His public relations staff went to work to spin a false story to foreign reporters that the price increases had only been 20% and that the Cochabamba protests were being orchestrated by "nacrotaffickers" intent on destabilizing the government.

 

The people of Cochabamba were also not about to back down. The streets were only getting fuller.

Meanwhile, while Bolivians were shedding blood the water company's foreign owners and managers were escaping accountability altogether.

 

The foreign managers sent in to run the company were laying low in a five store hotel, insistent in their demand to control the water, watching the suffering on television, and hanging up on reporters who got hold of their cell phone numbers. It was then that we decided that the company's vague connection to Bechtel was worth another look.

On Sunday morning, as a funeral service was being held for Victor Hugo Daza downtown, I began looking into the Bechtel-Bolivia connection via the Internet. After two hours of examining the Web pages of Bechtel and its assortment of international shells and subsidiaries we had the smoking gun. Bechtel was not only a player in the Bolivian water company, it had been its founder and 55% controlling owner.

 

We used The Democracy Center large e-mail network to send alerts to thousands of activists worldwide, calling on them to pressure Bechtel to leave the country. We also gave them the personal e-mail address of Bechtel's President and CEO, Riley Bechtel.

On Monday the confrontations continued, though more peacefully than on the bloody weekend. It was unclear how the conflict would come to its end. Then that afternoon the government made an announcement. Bechtel officials had left the country and the government declared the contract canceled.

 

The national official responsible for the Bechtel agreement released a letter he had sent to Bechtel officials,

"Given that the directors of your enterprise have left the city of Cochabamba and were not to be found…said contract is rescinded."

They city celebrated as it would have a World Cup soccer victory, with cars parading along Cochabamba's avenues with horns blaring. The Coordinadora's leaders came out of hiding and were flown back from their jail in the jungle, greeted as heroes.

In the wake of Bechtel's departure, Cochabamba's water company, SEMAPA, was turned over to a public board appointed by the Coordinadora and Cochabamba's city government.

 

Water rates were rolled back to what they had been before Bechtel's price hikes and local water users lined up to pay their bills. Coordinadora leaders turned from the high drama of street protest to the headaches of trying to make a water company work more efficiently.

 

Management and system problems remained, but a series of new neighborhoods were added to the water grid and the company accomplished something else extraordinary.

 

Even at the old pre-Bechtel rates, Cochabamba's water company was operating in the black. It also began qualifying for loans, from the Inter American Development Bank and others, to allow for expansion of the water system.

 

Even the powers of international finance had begun to accept that, in Cochabamba, the water was to remain in public hands.
 

 



Why They Fought and Why They Won

The privatization of water is a trend and a concern all over the world, and even in other parts of Bolivia (the water system of the capital, La Paz, was leased to the French firm, Vivendi, years before).

 

Why was Cochabamba different? Why did Cochabambinos resist? Why did they win?

"The privatization of the water was the straw that broke the camel's back," says Tom Kruse, a US researcher who lives in Cochabamba and was an active advisor to the Coordinadora.

Cochabambinos had endured one privatization after another, always with resistance by those directly affected - the airline workers union, for example - but never with enough force to make a difference.

 

The revolt over water was a revolt over everything, a reaction to official corruption, economic decline, and the clear and broad belief that the government was looking out for everyone but the people.

 

In one neighborhood a sixteen year old boy explained to me how he received his political awakening over a piece of bread.

"My mother sent me to the store one morning to buy bread but told me she had no money, not even one Boliviano [about 15 cents at the time] to pay for it. She told me to ask the store owner if we could pay later.

 

I thought to myself, How can it be that my mother works so hard and we don't even have even one Boliviano to buy bread? It was then that I realized something was really wrong."

When the Coordinadora came to his neighborhood to organize resistance to the water privatization, he saw his chance to do something.

"Older people told us stories about the dictatorships [Banzer's and others that plagued Bolivia in the 1960s and 1970s] but we had never been directly involved in struggles like those," explains Leny Olivera [no relation to Oscar], a 23 year old university student.

 

She adds, "I think it was a way for our generation to show our courage."

Water was also something essential to life, not like an airplane or even electricity in a poor country. People knew that if they lost control of their water they lost control of their lives. The Coordinadora gave people a hope that was new.

 

After years of protest that seem to accomplish nothing, the Coordinadora gave people hope that they could actually come together and win.

 

It also unified people from the rural areas and people from the city, which was absolutely key.

"Many people say it is impossible to fight against the neoliberal model," says Leny Olivera, the university student.

 

"But we showed that you can, not just in Bolivia but in the world. The humble people are the majority and are more powerful than multinational corporations."

Inadvertently both Bechtel and the Bolivian government helped the revolts success enormously.

 

If Bechtel had raised rates slowly over time, the revolt would never had gained the broad support that it did. If the Bolivian government had let the February protest take place without resistance, it would not have ignited the fierce public anger that made virtually everyone a Coordinadora loyalist.

 

In the end it was a revolt not just about water but about arrogance, against an attitude by the World Bank, Bechtel and Banzer that said,

"You are losing control of your water and you are going to pay more for it, take it and shut up."

And it was as a revolt against arrogance that the Bolivian revolt over water had such deep and powerful resonance with the larger battle over globalization imposed from on high.

 

 


Birth Of An International Symbol

In its aftermath, Cochabamba's water revolt became an international symbol, a modern day victory of a humble David against a giant corporate Goliath.

 

The water revolt drew broad international media attention. Oscar Olivera (image right) was awarded the prestigious international Goldman Prize for environmental activism.

 

Cochabamba became synonymous with the struggle for global economic justice, a source of great inspiration and hope. How the water revolt went from being a local struggle to an international icon is a story in itself, the product of the Internet, a great story, and the luck of great timing.

During the water revolt, the official outlet from Bolivia to the world was reporting from the Associated Press (AP), which ran in the New York Times and other major world dailies.

 

However, the AP's Bolivian correspondent wrote all his stories from faraway La Paz and mainly just repeated the Bolivian government's spin of the day. It later turned out that, while he was covering the water revolt, AP's man on the scene was also lobbying the Bolivian Congress to approve a project to export Bolivian water to Chile, a revelation which would cost him his job.

The only international reporting directly from the scene was mine. I was in Cochabamba because that is my home. Each morning as the revolt deepened I would walk down the long hill into the city center and to the center of the protests to get the story. Then I would walk back up the hill in the afternoon and send out dispatches to the 2,000 press outlets and activist organizations on The Democracy Center's e-mail list.

 

How far and fast these spread through the Internet was astonishing.

 

My reports were syndicated by Pacific News Service and picked up by publications all across the US and Canada. These stories later sparked other writers, from the New Yorker, the San Francisco Chronicle, and elsewhere to write their own stories.

More important, activists from all over the world picked up Cochabamba's fight and made it their own, sending my alerts far and wide and pummeling Bechtel with messages of "Get out!" Water activists in New Zealand received my alerts and asked what they could to do help. With the revolt still raging across the world in Bolivia, activists in Auckland got hold of a fire truck, covered it with anti-Bechtel and anti-Banzer signs, drove to the local Bolivian government consulate and before the amazed eyes of local media, hosed it down at high pressure.

 

They sent pictures of the event to us in Cochabamba which we gave to the local press. One Cochabamba daily, Gente, dedicated its first three pages to the story, amazing Cochabambinos with the fact that their local rebellion was drawing the attention of the world.

Also, quite by accident, it turned out that Cochabamba's revolt over water was unfolding just as tens of thousands of young people a hemisphere away were on their way to Washington DC to protest at the joint meeting of the World Bank and IMF, the first major globalization action since Seattle five months earlier.

 

With Oscar Olivera in hiding to avoid government capture, my colleague Tom Kruse came up with the idea that we could buy him some political protection by getting groups in the U.S. to invite Oscar to attend the events in Washington. The idea was never that Oscar would go but that these invitations, which we gave to the Bolivian press, might make the government hesitant to arrest someone who now had an international profile.

On Wednesday, with the water revolt just ended and with the smell of tear gas still hanging thick over the city center, Oscar told us that he thought he really should go to Washington, to share Cochabamba's story.

 

The Washington protests were just two days away and Oscar had neither a Bolivian passport nor an entry visa from the U.S. (which generally take months to secure if they can be gotten at all).

 

On Thursday morning Oscar went to the local passport office which, by chance, was run by an old schoolmate, and has his passport in less than an hour. Later that same morning Oscar and Tom flew to La Paz to attempt the doubtful task of convincing the US Embassy that it ought to grant an immediate entry visa to a man with wearing a Che Guevara wristwatch who had just led the booting out of a major US corporation.

 

While Oscar sat in the Embassy waiting area, back in Cochabamba I received a call from a reporter for a major newspaper chain in the U.S., begging for help to secure an interview with Oscar. I suggested a bargain. If he would agree to call the US Ambassador and ask if she were going to give Oscar a visa, I would set up the interview. He agreed and a few hours later Oscar strolled out the Embassy doors with the seal of the USA stamped in his fresh passport.

 

On Friday Oscar, Tom, and I flew to Washington.

On Friday night, minutes off the plane following the long flight from the south to the north, Oscar was addressing a packed room of activists.

"Oscar arrived at the Church where we were holding our big Teach-In against the World Bank just at the end of the evening", recalls Maude Barlow, national chair of the Council of Canadians and a leading water rights campaigner.

 

"When Oscar marched up to the stage, people stood on their chairs and cheered him with a 10-minute standing ovation. There was not a dry eye in the Church, including mine. It was one of the most powerful events of my life."

On Saturday, Oscar was among a group that went to the home of World Bank President James Wolfensohn, with media in tow, to deliver a message about the real impact that Bank policies have on poor countries.

 

On Sunday, still wearing his leather worker's cap, Oscar addressed a rally of 10,000 on the Washington Mall, just beyond the White House. That afternoon Oscar was at the head of a procession of thousands through the streets of the capital of the most powerful country in the world. Just a week earlier he had been in hiding, Victor Hugo Daza was being buried, and Bolivia was under a state of martial law.

 

Walking next to him I asked Oscar,

"So, what do you think of the United States?" He paused a minute and said to me in Spanish, "Es como Cochabamba. Hay policias y jovenes en todo lado" - "It is just like Cochabamba. There are young people and police everywhere."
 

 


Epilogue - The Water War, Round Two

In November 2001 the Bechtel Corporation launched round two in the Cochabamba water war, filing a demand of $25 million against Bolivia in a secret trade court operated by the World Bank, the same institution that forced the Cochabamba privatization to begin with.

 

Bechtel's aim, it says, is simply to get back what they invested.

"We're not looking for a windfall from Bolivia. We're looking to recover our costs," explains Michael Curtin, the head of Bechtel's Bolivian water company. [6]

Just as the water revolt became an international symbol for the abuses of privatizing basic services, Bechtel vs. Bolivia has become an international symbol for everything wring with rigged international trade law.

Bechtel didn't invest anything close to $25 million in Bolivia in the few months it operated in Cochabamba. Bechtel officials paid for its rental cars and five star hotel rooms with funds from the public water company it took over and Bechtel left behind an unpaid electric bill of $90,000. Bechtel's use the World Bank's secret trade court (the International Centre for the Settlement of Investment Disputes - ICSID) is a case study of globalization run amok.

 

Bechtel is masquerading as a Dutch company, shifting its Bolivian registration to an Amsterdam post office box in hopes of getting covered by a Bolivia-Holland treaty that makes the Bank the arbiter of their investment disputes.

The stakes in the Bechtel vs. Bolivia case are high. $25 million is what Bechtel earns in half a day. In Bolivia that is the annual cost for hiring 3,000 rural doctors, or 12,000 public school teachers, or hooking up 125,000 families who don't have access to the public water system.

 

But the stakes in this case go well beyond Bolivia.

 

The World Bank's secret trade court is the prototype for the proposed Free Trade Act of the Americas (FTAA). The same tool Bechtel is using today against Bolivian could be used by other corporations to repeal of environmental laws in California, health regulations in New Hampshire, and worker protections in Venezuela - all in the name of knocking down barriers to trade.

In August 2002 more than 300 citizen groups from 41 different countries - environmentalists, peasants, labor leaders, women's groups, indigenous leaders, and others - launched their own round two in the Bolivian water revolt, filing an International Citizens Petition with the World Bank, demanding that the doors of its secret trade court be opened up to public scrutiny and participation.

"The actions of Bechtel in Bolivia left a city of more than 600,000 people in turmoil for four months," wrote the groups. "They left hundreds injured and one young boy dead, and jeopardized thousands of peoples' access to the most fundamental element of life."

"The Bolivian water revolt has had an enormous impact on the global fight for water rights," says Maude Barlow.

 

"Many people feel that if some of the planet's poorest and disenfranchised people could stand up to the World Bank and Bechtel, so can all of us. The personal stories of heroism and struggle of the Bolivian people are very powerful and have been recited over and over all around the world."

 

 

 

References

[1] Eduardo Galeano, Open Veins of Latin America, (New York: Monthly Review Press), 32.

[2] Vincent Gouarne and John Briscoe, "Don't shut the tap on private sector water", Globe and Mail, May 18, 2000

[3] "Banco Mundial es Claro: Sin privatizacion de SEMAPA no hay agua potable para Cochabamba [The World Bank is clear: Without Privatization of SEMAPA there will be no potable water for Cochabamba]", Primera Plana (La Paz), February 29, 1996, 10.

[4] "Organismos mulilaterales, presionan al Gobierno: Condonaran $US 600 millones de deuda si privatizan SEMAPA de Cochabamba [Multilateral organizations pressure the government: They will forgive $600 million of debt is SEMAPA of Cochabamba is privatized]...", El Diario (La Paz), July 1, 1997, 5.

[5] Iriarte was later put on trial in a Bolivian military court and was acquitted. Immediately following his acquittal the army promoted him to Major.

[6] Transcript of "Leasing the Rain", aired by PBS, July 5, 2002: http://www.pbs.org/now/transcript/transcript125_full.html

 

 

 


 

 

 

 

 

 



Gli Affari Contro Natura Della...

Transnazionale Astaldi

da Antonio Mazzeo

20 dicembre 2005

dal Sito Web Terrelibere

 

 

Sconfitta sul filo di lana nella gara per il General Contractor del Ponte sullo Stretto, l'Astaldi tenterà la rivincita con l' "avversaria" Impregilo.

 

Un primo appuntamento è fissato per i prossimi giorni quando il Comune di Milano deciderà a chi affidare la concessione dei lavori per la realizzazione della linea 5 della metropolitana, dalla stazione di Porta Garibaldi a via Bignami. Un contratto da 504 milioni di euro per una tratta tutta in sotterranea, completamente automatizzata, con una lunghezza di 5,6 chilometri.

 

Una gara certamente non facile per Astaldi, anche perché sul fronte opposto, a dare manforte ad Impregilo, ci saranno due aziende "sorelle",

  • la Società Italiana per Condotte d'Acqua (suo l'appoggio esterno alla scalata di Impregilo da parte di IGLI, cordata di industriali e finanziarie italo-argentini)

  • la Grassetto della famiglia Ligresti (Fondiaria-SAI) e del costruttore Marcellino Gavio, azionista di IGLI-Impregilo

Un secondo appuntamento per la revance di Astaldi, ancora più ambito, è previsto invece per l'inizio del prossimo anno, quando Roma Metropolitane, società mista presieduta dall' "ambientalista" Chicco Testa, sceglierà il General Contractor per la realizzazione dei lavori per la Linea C, la Terza Metropolitana di Roma, l'opera pubblica più costosa in Italia dopo il Ponte di Messina (circa 3 miliardi di euro).

 

Per questa gara gli schieramenti sono ancora gli stessi di quella del Ponte: da una parte la cordata guidata da Astaldi con Vianini Lavori, Consorzio Cooperative Costruzioni ed Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari; dall'altra quella composta da Impregilo, Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, Condotte d'Acqua e Grandi Lavori Fincosit.

In verità ai nastri di partenza della gara per la Terza Metropolitana di Roma ci sono altri partecipanti, come ad esempio,

  • Pizzarotti & C. di Parma (impresa che con Astaldi aveva partecipato al bando per il GC del Ponte sullo Stretto)

  • la cordata Consorzio Stabile T&T e Maire Lavori (anche quest'ultima faceva parte del gruppo Astaldi nella gara del Ponte)

  • la Sis Scpa e il gruppo Consorzio Stabile "Opere - Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione" con "Ergon Engineering and Contracting" Consorzio Stabile Scarl

Su questa contesa ricadono gli identici dubbi di legittimità che hanno caratterizzato l'iter concorsuale del Ponte sullo Stretto:

su fronti avversi ci sono infatti due aziende della Lega delle Cooperative che condividono interessenze societarie. La C.M.C. di Ravenna è una delle 230 socie, la più importante, del C.C.C.- Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna.

Ciò viola le normative europee e italiane in materia di appalti pubblici, le quali escludono espressamente la partecipazione ad una gara di imprese che "si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo", ovverossia di società tra esse "collegate o controllate". (1)
 

 

 


Dal nord Africa all'America latina gli ultimi successi targati Astaldi

Nonostante la sconfitta subita nella corsa per la realizzazione della maggiore delle Grandi Opere previste dal governo Berlusconi-Lunardi, l'Astaldi non sembra comunque aver perso lo smalto e specie all'estero, sta ottenendo successi lusinghieri, uno dietro all'altro. (2)

È di qualche settimana fa la notizia che l'importante azienda di costruzione romana si è aggiudicata il contratto con la SNTF, la società nazionale delle ferrovie della Repubblica di Algeria, per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Mecheria-Redjem Demouche, nella regione sudoccidentale, per un importo equivalente a circa 166 milioni di euro.

 

Il contratto, assegnato al raggruppamento Astaldi-ETRHB Haddad di cui l'azienda italiana è capofila con una quota pari al 51%, prevede lo studio e la realizzazione di una linea a un solo binario dalla lunghezza di 140 chilometri.

 

Astaldi è presente da anni in Algeria e di recente si è aggiudicata i lavori per la realizzazione delle dighe di Kerrada e Taksebt (nei pressi di Algeri), del tunnel stradale di Jijel e di un tratto dell'Autostrada Est-Ovest che collega via mare la Tunisia al Marocco. Questi contratti in terra d'Africa hanno assicurato all'azienda introiti per 410 milioni di euro.

Una seconda notizia che ha fatto schizzare in borsa il titolo Astaldi è giunta ad inizio dicembre da Caracas (Venezuela) al termine della visita d'affari del viceministro per le Attività produttive, Adolfo Urso.

 

Si tratta della firma di alcuni accordi commerciali con il governo di Hugo Chávez, uno dei quali relativo alla realizzazione di tre tratte ferroviarie da parte di un consorzio di sole imprese italiane:

Astaldi, Trevi, Danieli, Ghella, la "concorrente" Impregilo e finanche Italferr, la società di engineering delle ex Ferrovie di Stato, azionista di minoranza della Società Stretto di Messina.

La commessa in Venezuela per le linee Charallave Norte-La Encrucijada, La Encrucijada-San Fernando de Apure e Chaguaramas-Cabruta è del valore di 7 miliardi di euro, con consegna dei lavori entro il 2012.

Ma le note più liete vengono tutte dalla repubblica centroamericana dell'Honduras dove l'Astaldi rappresenta la realtà italiana più attiva e riconosciuta dalle oligarchie del potere politico ed economico.

 

Lo scorso 22 novembre, alla presenza del Presidente uscente Ricardo Maduro, della Ministra delle Risorse Naturali e all'Ambiente Patricia Panting Gallo, dell'ambasciatore italiano in Honduras Mario Fugazzola e del rappresentante della Cooperazione italiana Rodolfo Zoppis, i manager Astaldi hanno presenziato la cerimonia d'inaugurazione dell' "Acquedotto Regionale del Valle di Nacaome", progetto voluto dal Congresso honduregno nel 2000 e che Ricardo Maduro in persona aveva assegnato all'Astaldi, avvalsasi poi dell'assistenza tecnica e della direzione dei lavori della connazionale GICO.

 

Le ragioni del "successo" delle società italiane?

 

Il progetto dell'acquedotto del Valle è stato finanziato per il 76,8% dal Ministero degli Affari Esteri d'Italia attraverso il proprio dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo e per il restante 23,2% dal governo honduregno.

L'ammontare dei lavori infrastrutturali è di 22 milioni e 509 mila euro; la meta, il "rifornimento idrico agli abitanti di 74 comunità di 5 municipi del dipartimento meridionale di Valle (La Venta, San Antonio de Flores, Pespire, Nacaome e San Lorenzo)", mediante la realizzazione di un elettrodotto di 2,300 kilowatt di potenza, un pozzo, 5 impianti potabilizzatori e altrettanti sistemi di distribuzione d'acqua, 23 stazioni di pompaggio, 2 serbatoi d'immagazzinamento e 130 chilometri di nuove tubature.

 

Più la ristrutturazione della rete di distribuzione idrica e del sistema fognario della città di Nacaome, capoluogo del dipartimento di Valle.

Un'opera, questa, che alla vista di occhi inesperti appare certamente meritoria, non fosse altro che interessa una delle zone dell'Honduras con uno scarso accesso alle risorse idriche, dove la stagione delle piogge dura solo un paio di mesi all'anno e gran parte della popolazione vive senza acqua potabile e fognature.

 

Ma ad una attenta valutazione ci si rende conto che il megaprogetto finanziato in buona parte con i soldi della cooperazione è carente dal punto di vista della sostenibilità futura (sia per le dimensioni che per gli alti costi che comporterà la manutenzione) e scarsamente integrato ed integrabile con altri progetti di fornitura d'acqua che si stanno sviluppando nella regione, anch'essi in buona parte con finanziamenti internazionali (Unione europea, ONG e dello stesso dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri italiano).

Crescono intanto le critiche di una parte della popolazione che non crede più ai tanti "doni" della comunità straniera.

 

Le polemiche hanno assunto rilevanza pubblica a seguito della inaugurazione "ufficiale" dell'acquedotto del Valle di Nacaome. Secondo il contratto di concessione dei lavori all'Astaldi, essi sarebbero dovuti iniziare nel maggio 2004 per concludersi dopo due anni esatti nel maggio 2006.

 

Eppure, ad appena 5 giorni dalla vigilia del voto nazionale che ha rinnovato gli organi istituzionali centrali e locali dell'Honduras, in un clima violentissimo che vedeva fronteggiare due schieramenti (nazionalisti e liberali) che non si risparmiavano persino gli attacchi armati, il Presidente uscente, con al seguito la figlia (Cecilia Maduro) e il genero (l'italiano Diego D'Oriano), trasformava l'evento in un ulteriore spot elettorale a favore dei nazionalisti locali.

 

Il tutto con tanto di presenza ai massimi livelli dell'Ambasciata d'Italia, per nulla turbata che la partecipazione del "dono" alle popolazioni meridionali dell'Honduras avvenisse il primo giorno riservato per legge al silenzio elettorale, e soprattutto che, non essendosi ancora conclusi i lavori dell'Astaldi, gli impianti di potabilizzazione e buona parte della rete idrica non fossero in funzione.

 

Al doppio autogol delle autorità diplomatiche e dei funzionari della cooperazione italiana va aggiunta poi una buona dose di miopia politica. La cerimonia della mezza inaugurazione è stata volutamente disertata dalle autorità locali di Nacaome, municipio di antica fede liberale, mentre il voto popolare ha poi duramente punito i nazionalisti guidati da Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, l'uomo dal pugno di ferro che concorreva alla Presidenza della Repubblica, sostenuto da Maduro, promettendo la pena di morte per i giovani delle bande criminali che popolano i 'barrios' marginali delle città honduregne.

Negli affari, si sa, certe regole di tatto valgono poco, anche se stavolta più che di affari si sarebbe dovuto parlare di cooperazione allo sviluppo.

 

Ma allo sviluppo di chi? Con il progetto di "fornitura idrica a favore della popolazione di Valle" si punta al potenziamento del sistema di irrigazione di circa 6.500 ettari di terre del Sud in mano a "ignoti" proprietari che hanno implementato coltivazioni intensive agroindustriali (principalmente frutta tropicale e canna da zucchero).

 

Una produzione dalla discutibile sostenibilità economica ed ecologica, che rischia di far crescere e di parecchio la domanda di acqua senza che sia possibile intervenire sui cicli dell'offerta di questa scarsissima risorsa naturale.

Secondo quanto annunciato il giorno dell' "inaugurazione" dell'acquedotto dai nostri rappresentanti diplomatici, anche il programma di irrigazione a fini agroindustriali del territorio del Valle godrà del finanziamento del Ministero degli esteri, e sarà affiancato da un progetto di "formazione comunitaria e degli amministratori locali" per il valore di un milione di euro, che potrebbe essere affidato ad una organizzazione non governativa italiana.

Con questi nuovi interventi, esce ulteriormente rafforzato il ruolo dell'Honduras quale principale paese beneficiario della cooperazione italiana in Centro America: nel solo biennio 2002-2003, i programmi di "aiuti" hanno raggiunto la cifra di 60 milioni di dollari, a cui si sono aggiunti nel 2004 i circa 150 milioni di dollari relativi all'accordo bilaterale di cancellazione del debito.

 

Dulcis in fundo l'accordo appena sottoscritto da Italia e Honduras per la costruzione di una centrale idroelettrica a La Esperanza (dipartimento di La Paz, regione occidentale), attraverso i cosiddetti "crediti di emissione" previsti dal "Clean Development Mechanism" (uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto).

 

L'Italia cioè finanzierà l'opera ed in cambio l'Honduras si accollerà un valore di circa 37mila tonnellate equivalenti di anidride carbonica prodotte annualmente in Italia.

 

Per essere ancora più chiari, con il credito per la centrale di La Esperanza, pur non riducendo le emissioni in ambito nazionale, l'Italia godrà di uno "sconto" per 37mila tonnellate di anidride carbonica prodotta, che le saranno detratte dagli obblighi assunti con la firma del protocollo di Kyoto.

 

Un altro esempio di cattiva cooperazione Italia-Honduras rimarcato dal fatto che l'Olanda e alcune organizzazioni ambientaliste internazionali si sono opposte alla realizzazione di questa centrale idroelettrica, dato che il progetto del bacino artificiale che sorgerà con lo sbarramento di una nuova diga non è stato approvato dalla Commissione internazionale sulle dighe. Addizionalmente, l'accordo violerebbe le finalità dello stesso "Clean Development Mechanism".

 

L'Astaldi, ovviamente, è la maggiore concorrente alla gara di aggiudicazione dei lavori della centrale idroelettrica di La Esperanza.
 

 

 


I grandi affari di Astaldi d'Honduras

La lista dei lavori in Honduras della grande società di costruzioni italiana, oltre alla realizzazione dell'acquedotto di Valle, contempla anche i più importanti sistemi idroelettrici del paese, la centrale di El Cajón (nella regione centrale montagnosa di Comayaguala), la diga di Concepción e quella di Nacaome intitolata a "José Cecilio del Valle", ubicata sull'omonimo fiume ad una sessantina di chilometri di distanza dalla capitale.

Nel gennaio 2005, Astaldi ha inoltre firmato con il governo del Presidente Maduro un contratto per il valore di 175.000 euro per il raddoppio della carreggiata della strada del nord CA-5, secondo lotto, nel tratto Taulabé-La Barca (53 chilometri), tra i dipartimenti di Comayagua e Cortés. I fondi sono stati forniti in parte dalla Banca Mondiale e in parte dal Governo centrale.

In occasione della firma del contratto in uno dei saloni della casa presidenziale di Tegucigalpa, Ricardo Maduro ci tenne a sottolineare come esso fosse fondamentale in vista "del canale secco, quel corridoio logistico, sogno degli honduregni da oltre 20 anni, che assicurerà lo sviluppo del paese".

 

Il "corridoio logistico" è un vecchio progetto binazionale (El Salvador-Honduras), rilanciato dal cosiddetto Piano infrastrutturale neoliberista "Puebla Panamá", per la realizzazione di un'arteria stradale che colleghi il porto di Cutufo sull'Oceano Pacifico (El Salvador) con Puerto Cortés, la maggiore città portuale honduregna nel versante caraibico, in alternativa alla navigazione nel Canale di Panama.

 

Solo in territorio honduregno, questo progetto prevede una spesa di 115 milioni di dollari per 100 chilometri di nuove strade, con l'apporto finanziario della Banca d'Integrazione Economica Centro Americana (CABEI), del governo del Messico (55 milioni di dollari) e della Banca Europea per gli Investimenti e il Commercio (20 milioni).

Sempre l'Astaldi, in consorzio con l'italiana Ghella, la Hydro-Honduras (filiale locale della Hydro-West, azienda nordamericana con sede a Seattle) e la EMCE - Empresa de Mantenimiento Construcción y Electricidad (società presieduta da Freddy Nasser, cognato di Miguel Facussé, uno degli uomini più ricchi e potenti in Centro America e zio dell'ex presidente honduregno Carlos Flores), si è aggiudicata la concessione per la generazione di energia, tramite la costruzione e successiva gestione dell'impianto idroelettrico sul Río Cangrejal (La Ceiba).

 

L'impianto idroelettrico di El Cangrejal, della potenza di 50 MW e un costo di 80 milioni di dollari, sorgerà a due passi dal Parco Nazionale di Pico Bonito ed è fortemente osteggiato dalla popolazione locale preoccupata che la nuova diga possa causare la scomparsa di oltre 11 chilometri del corso d'acqua che scorre a valle.

 

Pico Bonito è una delle principali oasi naturalistiche dell'Honduras e si estende su un'area di 500 chilometri quadrati. È anche il più grande dei parchi nazionali del paese ed ospita diverse tipologie forestali e incontaminate fonti d'acqua (cascate, torrenti e i fiumi Bonito e Quebrada). L'abbondante e variegata fauna include giaguari (animali sacri a tutte le culture precolombiane, ormai pressocché estinti), armadilli, scimmie urlatrici, tucani.

 

Il Río Cangrejal è una vera e propria barriera naturale a protezione del Pico Bonito e la sua scomparsa avrebbe conseguenze devastanti sulla flora e la fauna ospitata e sull'intero patrimonio socio-economico e territoriale di La Ceiba, grande porto atlantico del paese, distante appena una decina di chilometri dal parco naturale.

Già oggi il Río Cangrejal è una delle maggiori attrazioni turistiche di Honduras: sulle sue rive sono sorti diversi centri balneari, frequentatissimi dagli abitanti della regione e numerosi turisti stranieri scelgono le ripide correnti del fiume per il rafting e le discese in canoa. Nei pressi di questo corso d'acqua gli archelogici hanno anche scoperto il sito di La Colorada, centro della cultura precolombiana dei Macrochibcha.

 

L'importanza dell'area, non ancora esplorata, sarebbe di poco inferiore in Honduras solo al sito Maya di Copán, vero e proprio gioiello archeologico centroamericano.

 

Il progetto idroelettrico è dunque incompatibile con le incommensurabili potenzialità ecoturistiche della zona.

Le società internazionali consorziatesi per il progetto idroelettrico El Cangrejal hanno speso circa 1,5 milioni di dollari per approntare uno studio d'impatto ambientale che è stato definito,

"lacunoso" e in "violazione delle normative honduregne e degli ordinamenti municipali".

Le organizzazioni ambientaliste hanno altresì denunciato di essere state escluse in tutte le fasi relative allo studio di impatto ambientale e di attendere ancora il permesso di visionare il progetto tecnico della idroelettrica.

 

Anche le istituzioni e gli enti locali sono stati esclusi da tutte le fasi relative al procedimento e dopo un timido sostegno al progetto si sono definitivamente schierate contro la centrale a fianco della popolazione e delle organizzazioni ambientaliste.

 

Dubbi e perplessità sulla megaopera sono state espresse perfino dalla Banca Mondiale sempre meno disponibile a sostenere finanziariamente la costruzione di dighe di queste dimensioni.
 

 

 


Bahía di Tela come Cancún o Varadero

Complessi alberghieri di lusso, multi-residence e miniappartamenti, centri commerciali, campi da golf, parchi gioco e quant'altro.

 

È questo il grande sogno-progetto dell'élite politica ed imprenditoriale che governa l'Honduras svendendone le migliori risorse naturali alle transnazionali. Siamo nel Mar dei Caraibi, Bahía de Tela, nella costa nordorientale del paese, dipartimento di Atlántida. Tela è una delle prime baie in cui sbarcarono i colonizzatori spagnoli nella loro campagna di occupazione e sterminio del continente americano. Decine di chilometri di spiagge solo da poco ferite da brutti insediamenti turistici, per lo più deserti in buona parte dell'anno.

 

Nella zona ovest di questo splendido santuario naturale, su una superficie di 312 ettari e per circa 3,2 chilometri di spiaggia, sta per sorgere il megaprogetto infrastrutturale "Los Micos Beach & Golf Resort":

7 complessi alberghieri a quattro e cinque stelle, 2.000 appartamenti, 6 multi-residences per un totale di 168 ville, un centro commerciale, parchi tematici e di intrattenimento, un ippodromo, finanche un porto per navi da crociera transatlantiche.

Quattrocento milioni di dollari è l'investimento previsto, in parte grazie all'apporto di una serie di grandi imprenditori e banchieri nazionali e stranieri, in parte grazie all'intervento statale e degli organismi finanziari internazionali.

 

Nello specifico, il denaro dei contribuenti honduregni (circa 14,9 milioni di dollari) verrebbe destinato alla realizzazione delle infrastrutture stradali di collegamento a "Los Micos Beach & Resort", del sistema idrico e fognario e della rete elettrica e telefonica.

 

Già nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori per il primo hotel di lusso che entrerà in funzione nel marzo 2007.

"Nella storia di Honduras, mai è stato pianificato un progetto di queste dimensioni", ha dichiarato Tierry de Pierrefeu, l'ex ministro del Turismo che insieme al presidente (uscente) Ricardo Maduro ne è uno dei principali sostenitori. (3)

 

"Questo progetto servirà da detonatore del turismo e assicurerà l'inserimento dell'Honduras nelle guide mondiali del turismo, attraendo visitanti con alto potere d'acquisto dagli Stati Uniti, dall'Europa e dall'Asia".

Risale perlomeno a trent'anni fa, quando il paese era governato da regimi militari dittatorioli, l'idea di trasformare Tela in uno dei maggiori poli turistici caraibici.

 

Fu però durante la presidenza "democratica" di Rafael Leonardo Callejas, tra il 1990 e il 1994 (anni in cui Maduro ricopriva la carica di presidente della Banca Centrale di Honduras) che fu avviato con finanziamento statale uno studio di fattibilità per un "Progetto di Ecoturismo nella Bahía de Tela".

 

Per una decina di anni il megainsediamento continuò a restare solo una promessa dei politici locali da rispolverare ad ogni appuntamento elettorale ("i lavori per Bahía de Tela richiederanno 30.000 lavoratori e saranno 3.500 gli impieghi in hotel e villaggi turisistici", il ritornello piú frequente).

 

Finalmente, il 27 febbraio 2003, fu costituita la società mista "Desarrollo Turístico Bahía de Tela S.A. de C.V.", con una partecipazione del governo attraverso l'Instituto Hondureño de Turismo (IHT), a cui seguiva, l'anno successivo, l'approvazione da parte del Congresso nazionale di una legge che autorizzava il trasferimento alla "Desarrollo Turístico S.A.", di 312 ettari di terreni e spiagge della baia.

 

La privatizzazione del demanio marittimo e dei terreni comunitari diventava fattibile "per legge" grazie ad un provvidenziale decreto della Corte Suprema di Giustizia che reinterpretava benevolmente a favore degli investitori l'art. 107 della Costituzione, che pure vieta ai privati, specie se stranieri, il possesso di beni immobili sino a 40 chilometri a partire dalla linea di frontiera e delle coste.

Si diceva di capitali internazionali per la realizzazione del progetto di Bahía de Tela. Innanzitutto nordamericani (Canada e Stati Uniti), ma anche asiatici (Taiwan e Giappone), ed ovviamente europei: un paio di società iberiche attive nel mercato turistico dei Caraibi e l'immancabile Cooperazione Italiana. Durante un suo viaggio in Europa nella primavera del 2004, il Presidente Ricardo Maduro si incontrò a Roma con il capo del governo Silvio Berlusconi e con i dirigenti della Segreteria Ministeriale della Cooperazione Italiana.

 

Principale tema di discussione appunto Bahía de Tela.

"La partecipazione del capitale italiano al progetto prenderà inizio il prossimo anno e sarà uno dei maggiori fattori di sviluppo turistico sulla costa atlantica", affermava un comunicato stampa emesso per l'occasione dalla Presidenza di Honduras. (4)

In concreto, ad oggi, l'impegno italiano è stato quantificato in 500 mila euro per finanziare l'elaborazione di un nuovo studio di fattibilità che identificherà gli interventi (opere di infrastrutture, acqua e bonifica, di regolamento territoriale, restaurazione di immagine urbana, ecc. per un ammontare approssimato di 40 milioni di euro).

A prova degli appetiti del "Sistema Italia" per le incantevoli spiagge del litorale caraibico un passaggio del rapporto annuale 2003 dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero elaborato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Honduras:

"Proprio nei giorni scorsi, il Congresso Nazionale ha approvato la legge che istituisce un Fondo Fiduciario per lo sviluppo turistico di un villaggio turistico in località "Los Micos" nella Baia di Tela, nella zona nord del Paese, un progetto da tempo accarezzato dai governi succedutisi alla guida dell'Honduras e sinora mai realizzato per mancanza di risorse. Il Fondo fiduciario di gestione, a capitale misto (49% fondi pubblici, 51% fondi privati), è aperto agli investitori esteri per lo sviluppo…".

 

"L'ambizioso progetto - proseguono ICE e Ambasciata - ha attirato l'interesse di operatori turistici internazionali, nonché del nostro Paese. Le imprese turistiche Italiane (ad esempio "Alpitour", che gestisce il villaggio "Henry Morgan" nell'isola di Roatán, collegato da un volo "charter" settimanale diretto da Milano), sono all'avanguardia nella valorizzazione del patrimonio turistico e culturale dell'Honduras...". (5)

 

 


L'amico degli italiani - anticastrista e trafficante di legname

Ancora una volta è Astaldi di Honduras ad essere il maggiore pretendente ai lavori di "urbanizzazione" del litorale di Tela.

 

Un interesse che ha solide radici nel passato: nel maggio 1997, quando prendeva forma il piano di sviluppo dell'industria turistica nella Bahía, l'allora governo assegnò al consorzio Columbus-Astaldi i lavori per l'ampliamento delle opere stradali della vicina città di La Ceiba e l'installazione della linea di conduzione di energia elettrica ai villaggi dell'area di Tela (valore della commessa, circa 39 milioni di lempiras cioè più di 2 milioni di dollari).

 

Oggigiorno Astaldi è in corsa per l'assegnazione del bando di gara per la costruzione a Bahía di Tela di un impianto per la potabilizzazione dell'acqua, del relativo sistema di distribuzione, di un sistema di trattamento e gestione dei rifiuti solidi e di circa 20 chilometri di nuovi accessi stradali.

 

Valore della commessa, 108 milioni di dollari, 35 dei quali provenienti da un credito approvato a favore del governo honduregno da parte del BID, il Banco Interamericano de Desarrollo, e 7 da un prestito emesso dalla Banca Centroamericana di Integrazione Economica (BCIE). L'esito della gara è atteso nei prossimi giorni, nonostante stia montando a livello internazionale una campagna a salvaguardia dell'immenso patrimonio ecologico locale e di difesa delle comunità che rischiano di essere espulse dall'area in cui sorgerà il dissennato progetto "Los Micos Beach & Resort".

Il territorio prescelto per il complesso di Bahía de Tela è stato ritagliato accanto ad alcune delle più importanti riserve naturali dell'Honduras, la Laguna de los Micos, il Parco Nazionale Marino di Punta Sal e il Giardino Botanico di Lancetilla.

Il centro di Lancetilla, vero e proprio paradiso per il birdwatching, fu fondato nel 1926 dalla United Fruit Company per la sperimentazioni delle coltivazioni tropicali e si estende su un'area di 1.860 ettari dove nidificano 365 specie diverse di uccelli. La caratteristica rilevante del Parco Nazionale Marino di Punta Sal è invece l'integrazione di due diversi elementi forestali, il manglare e la foresta tropicale.

 

La parte orientale del parco è delimitata dalla grande Laguna de los Micos, anch'essa luogo di sosta di numerosissime specie di uccelli migratori e che prende il nome proprio dalle scimmie che la popolano. Aree protette ma dal fragilissimo equilibrio ecologico, per la cui difesa è stato versato un tributo di sangue innocente.

 

Nel 1995, Jeanette Kawas, direttrice statunitense della Fundación Prolansate che gestisce l'area protetta di Punta Sal, fu assassinata per essersi opposta ai potenti interessi economici che puntavano alla privatizzazione delle coste a fini di turismo di élite, al taglio illegale di legname e alla coltivazione in grande scale della palma africana. In memoria di quel martirio, il Parco Nazionale Marino di Punta Sal, ha assunto il nome di "Parco Jeanette Kawas".

Purtroppo la Fundación Prolansate ha scelto di tenere un basso profilo nel dibattito internazionale sulla sostenibilità ambientale del megacomplesso turistico di Bahía de Tela.

 

Il ruolo di protagonista nella campagna a difesa del patrimonio ecologico è stato assunto invece dai leader delle associazioni comunitarie locali.

"Noi non riceveremo benefici, al massimo otterremo che i nostri gruppi vadano a ballare negli hotel per il divertimento dei turisti", dichiara Céleo Álvarez Casildo, presidente della Organización de Desarrollo Comunitario (ODECO - Organizzazione per lo Sviluppo Comunitario).

 

"Siamo fortemente contrari a questo modello già negativamente sperimentato in Honduras. Le popolazioni nelle cosiddette aree di sviluppo turistico delle coste, delle montagne o dei siti archeologici del paese si caratterizzano per l'esistenza di immensi cinturoni di miseria e sottosviluppo.

 

Con il progetto di Bahía de Tela accadrà sempre la stessa cosa. Ci impressionano con irrealizzabili promesse di benessere, ma la gente resterà nelle stesse condizioni di povertà".

Le popolazioni locali temono particolarmente la disgregazione e i violenti impatti sociali che deriveranno dall'esecuzione del progetto.

 

È fortissimo il rischio che con il "Micos Beach & Golf Resort" siano definitivamente spazzate via le comunità che animano i limitrofi villaggi di San Juán, Tornabé e Miami. Queste località sono abitate principalmente dalla popolazione afrodiscendente dei garífuna, importante minoranza etnica e linguistica presente nelle coste caraibiche di Honduras, Guatemala, Belize e Nicaragua.

 

I garífuna difendono orgogliosamente la loro storia di libertà e le loro tradizioni religiose e culturali. Affrancatisi dalla schiavitù, nel 1797 la popolazione nera dell'isola di Saint Vincent (già in mano ai francesi) si ribellò ai governatori del protettorato delle Antille britanniche. Sedata la rivolta, i britannici decisero la deportazione di oltre 5.000 afrodiscendenti verso l'isola di Roatlán, di fronte alla costa caraibica honduregna.

 

I deportati riuscirono però ad impossessarsi del controllo delle imbarcazioni in cui viaggiavano e dopo un'odissea per il Mar dei Caraibi, sbarcarono sulle coste dell'America centrale dove si insediarono, vivendo principalmente di pesca e coltivazioni tropicali.

 

Un forte spirito di indipendenza ed autonomia ha continuato a caratterizzare la vita dei garífuna: quando nel 1939, sotto la dittatura di Tiburcio Carías, furono aboliti i privilegi politici tradizionali del gruppo afrodiscendente, buona parte degli uomini garífuna optò per la resistenza armata.

 

Gli abitanti di San Juán, uno dei tre villaggi della Bahía de Tela, appoggiarono lo sbarco dei leader liberali esiliati; arrestati dai militari, tutti gli uomini del villaggio furono fucilati e sepolti nella spiaggia in fosse comuni. (6)

Sono le organizzazioni rappresentative della popolazione afro-onduregna ad esprimere oggi le critiche più dure al progetto di privatizzazione e cementificazione della costa.

 

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), ha emesso un articolato comunicato che denuncia l'"insostenibilità socioambientale" e le "distorsioni e falsità" contenute nello studio di impatto ambientale presentato dalla municipalità di Tela.

"La farsa della valutazione d'impatto ambientale giunge ai suoi estremi con il campo da golf che si vuole realizzare", scrive OFRANEH.

 

"Tutti conoscono i costi ambientali di strutture similari, nonché le crisi idriche causate dall'eccessivo consumo d'acqua da parte di questi campi, cosa che avrà gravi effetti sulle comunità limitrofe. Gli studi realizzati segnalano che un campo da golf di cento ettari utilizza annualmente una media di 1.500 chilogrammi tra fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi; contestualmente esso richiede quantità di acqua necessarie alla vita di circa 60.000 abitanti in aree rurali. Un'ipotesi inaccettabile per Tela, dove a seguito del fenomeno climatico del Niño le popolazioni soffrono periodi di siccità sempre più lunghi".

 

"Con questo progetto si stanno favorendo i gruppi economici tradizionali. Insieme a loro si arricchiranno le élite di governo e gli investitori stranieri alleati", aggiunge con amarezza Céleo Álvarez Casildo, presidente di ODECO.

In realtà dietro il Fundo Hondureño de Inversión Turística FHIT, azionista privato del progetto di Bahía de Tela, operano i più influenti imprenditori che controllano l'economia e le finanze del paese:

  • Yani Rossenthal di Cementos del Norte (monopolista del cemento e dei materiali di costruzione)

  • José María Agurcia di Aseguradora Hondureña (assicurazioni e finanziarie)

  • Freddy Nasser di EMCE, società che ha in gestione la centrale termica di La Ceiba che fornisce elettricità ai dipartimenti di Átlantida e Colón e dunque alla Bahía de Tela (Freddy Nasser lo abbiamo incontrato come socio di Astaldi nel contestatissimo progetto della centrale idroelettrica sul Río Cangrejal)

Ma è il maggior azionista e presidente del Fundo de Inversión Turística FHIT, il personaggio più inquietante di tutta la vicenda: il multimilionario José Remigio Lamas Bezos detto "Joséito", di origine cubana, fuggito a Miami dopo la rivoluzione di Fidel Castro.

 

Con interessi che spaziano dal settore bancario a quello finanziario, turistico, petrolifero e infrastrutturale, José Lamas è amico di vecchia data del presidente uscente Ricardo Maduro e dell'ex presidente Rafael Leonardo Callejas, sotto il cui governo Lamas costruì buona parte del suo impero. Il cuore degli affari di Lamas si nasconde però nello sfruttamento illegale dei boschi honduregni e nella vendita di legname pregiato ai mobilifici della Florida (Stati Uniti).

 

Secondo quanto denunciato in un recentissimo rapporto presentato a Washington dall'Agenzia di Investigazione dell'Ambiente EIA e dal Centro per le Politiche Internazionali CIP, due organismi indipendenti nordamericani, José Lamas è il maggiore responsabile del devastante processo di deforestazione in Honduras a fini commerciali.

 

Nonostante le prove raccolte sui gravi reati ambientali commessi dalle societá del gruppo Lamas, il suo potere corruttivo e le altolocate amicizie in tutte le sfere dello Stato, gli hanno assicurato sino ad oggi la totale impunità. (7)

Il nome di José Lamas, accanto a quelli di José Rafael Ferrari, Manuel Villeda Toledo, Mario Rivera López, Jacobo Atala, Oscar Kafati e Gilberto Goldstein (alcuni soci nell'affare di Tela), compare poi in uno dei più gravi scandali della storia del paese, quello relativo alla concessione firmata dal governo Maduro per la gestione dei maggiori aeroporti nazionali.

 

La concessione per 15 anni è stata assegnata alla compagnia Aeropuertos Honduras di Lamas & soci, a danno di importanti società di Canada, USA, Spagna, Germania e dell'immancabile Astaldi, che pure si erano offerte a rilevare gli aeroporti honduregni a migliori condizioni. (8)

 

Per la cronaca, il 10 per cento di Aeropuertos Honduras risulta essere in mano all'impresa canadese Vancouver Airports Services, poi contrattata da Lamas & soci come operatrice aeroportuale.

 

La Vancouver Airports partecipa al consorzio a guida Impregilo che a fine anni '90 ha ottenuto la concessione per la gestione ventennale delle infrastrutture aeroportuali della Repubblica Dominicana.
 

 

 


Tentacoli italiani sui servizi di base honduregni

In Honduras è il settore dei servizi (distribuzione acqua, fognature e raccolta rifiuti) quello che ha assicurato un potere semimonopolistico all'Astaldi e ad alcune aziende pubbliche e private connazionali.

 

Risale all'agosto 2000 la concessione trentennale, rinnovabile, per la depurazione e distribuzione di acqua potabile e la raccolta di quelle reflue della città industriale di San Pedro Sula al consorzio denominato "Aguas de San Pedro", composto dall'ACEA ed AMA di Roma, AGAC di Reggio Emilia, Astaldi, Ghella Sogene C.A., Carlo Lotti & Associati Società di Ingegneria S.p.A. e Terra Representaciones Y Servicios S.A. de C.V..

 

Un consorzio eterogeneo, dove accanto al secondo colosso privato italiano delle costruzioni (Astaldi), compaiono tre aziende municipali a partecipazione pubblica (ACEA, AMA e AGAC):

  • una società con sede in Venezuela ma con capitali interamente italiani (Ghella, committente del governo honduregno per la realizzazione dell'ospedale infantile di Tegucigalpa e partner Astaldi nelle commesse per le ferrovie venezuelane e la realizzazione della centrale idrelettrica sul Río Cangrejal)

     

  • un'azienda con sede in Honduras ma in mano a imprenditori stranieri (Terra Representaciones)

     

  • una delle più note società di engineering in Italia (Carlo Lotti & Associati, impegnata in associazione con la Galva di Milano della famiglia Pisante, nei lavori di ricostruzione ed ammodernamento della rete idrica di Tegucigalpa finanziati dal dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri). (9)

La concessione dei sistemi di erogazione idrica ad "Aguas de San Pedro" è uno degli esempi peggio riusciti di privatizzazione dell'acqua in America latina.

 

Sino alla delibera da parte dell'amministrazione di San Pedro Sula dell'alcalde Roberto Larios Silva, il servizio era stato realizzato dalla División Municipal de Agua ("DIMA"), un'agenzia municipale dotata di autonomia nominale e sotto il controllo diretto del sindaco.

 

Nonostante l'eccessiva burocratizzazione interna, DIMA aveva garantito un servizio accettabile e a basso costo assicurando un costante flusso di denaro alle casse municipali. La gestione in mano al consorzio privato si è dimostrata, invece, disastrosa.

 

Comitati di cittadini, politici e gli organi di stampa nazionali denunciano il pessimo funzionamento del servizio, gli insostenibili rincari delle tariffe, la fisiologica carenza di acqua potabile nei quartieri marginali.

 

Il neoeletto sindaco liberale di San Pedro Sula, Harry Panting Zelaya, anche se favorevole al principio della concessione ai privati del servizio, ha criticato la,

"condizione monopolistica che beneficia solo il consorzio italiano e l'assenza di un intervento statale che regoli e assicuri che il prodotto giunga all'utente con buona qualità e prezzo".

Ha aggiunto Panting Zelaya:

"Poiché i risultati della concessione vedono scontenti i cittadini, sarà necessario verificare se Aguas de San Pedro sta realmente rispettando quanto previsto dalle norme contrattuali. Verificheremo altresì se il consorzio sta realizzando gli investimenti infrastrutturali che aveva promesso di fare".

Il contratto prevedeva in proposito interventi per il miglioramento delle infrastrutture idriche e fognarie per circa 45 milioni di dollari nei primi cinque anni.

Nel dicembre 2004, il periodico ambientalista ‘Flora y Fauna' ha dedicato un'ampia inchiesta sulla qualità del servizio erogato dal consorzio italiano, intervistando numerosi giornalisti locali. Ecco alcune delle dichiarazioni raccolte.

 

Luis Cuello Ardón di ‘VICA TV':

"Con questa concessione è stata la popolazione a uscirne sconfitta, perché la si è privata di un bene che apparteneva a tutta la comunità. Sono molti i quartieri che non stanno ricevendo un buon servizio di acqua potabile".

Carlos Martínez di ‘Canal Seis':

"La concessione ai privati è stato l'errore peggiore; il vecchio ente gestore pubblico DIMA era l'azienda con i maggiori profitti della città e di questo se ne beneficiava l'intera municipalità. Agua de San Pedro non ha fatto nessun investimento con denaro proprio, non esistono cambiamenti, il servizio invece di migliorare è peggiorato. In alcune delle zone della città la tariffa dell'acqua è cresciuta in un colpo da 46 lempiras a 126 lempiras, più del 200%. Gli italiani hanno il controllo dell'acqua e delle autorità".

Salomón Salguero di ‘HR':

"È questa una delle concessioni più leonine che possano esistere. La richiesta dei cittadini di San Pedro Sula è che la commissione nominata dal Congresso nazionale indaghi sugli aumenti esagerati delle tariffe imposte dall'impresa italiana. Sino ad oggi questa impresa non ha investito neanche un centesimo, e se ha investito qualcosa come nella zona di Cofradía, l'acqua è pessima..."

René Velásquez Amador direttore di ‘Mi País':

"Per le alte tariffe imposte alla popolazione, il Congresso della Repubblica dovrebbe in ultima istanza rivedere l'accordo con Aguas de San Pedro e giungere eventualmente a cancellare rapidamente il contratto stesso". (10)

Da parte loro, i manager del consorzio hanno fatto sapere che nel caso in cui il Congresso Nazionale dovesse intervenire per rimettere in discussione l'accordo, Aguas de San Pedro agirebbe in sede legale chiedendo 5 milioni di dollari per danni.

 

Nessuna risposta invece relativamente agli investimenti infrastrutturali promessi, nonostante tre anni fa il BID-Banco de Desarrollo abbia approvato a favore del consorzio un prestito di 13 milioni e 700mila dollari a copertura del 25% circa di questi investimenti. Il contributo finanziario del BID rientrava in un piano più articolato teso ad incoraggiare l'investimento dei privati nel settore dei servizi chiave in Honduras (acqua, luce, telefoni, ecc.).

 

Lo stesso BID ha assicurato crediti per 36 milioni di dollari ad una serie di programmi di privatizzazione e "sviluppo" municipale a San Pedro Sula.

 

Le linee guida della privatizzazione dei sistemi idrici in tutta Honduras sono state definite dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale quale condizione perché il paese possa avere accesso a nuovi crediti finanziari.

 

Nel 2000, la World Bank ha approvato un piano di aggiustamento strutturale sotto la condizione che in Honduras si approvasse un disegno di legge per la concessione alle imprese private dei sistemi di approvvigionamento idrico.

 

Qualche mese dopo l'amministrazione di San Pedro Sula firmava l'infausto contratto con il consorzio Astaldi-ACEA-AMA & Soci e tre anni più tardi, ancora una volta sotto la presidenza di Ricardo Maduro, il Congresso honduregno approvava la nuova legge quadro sull'acqua che legittimava l'avvio dei processi di privatizzazione del settore e la svendita della risorsa al capitale transnazionale.

 

Sfortunatamente anche l'Unione europea ha deciso di intervenire direttamente per facilitare la transizione al "libero mercato" dell'acqua grazie ai propri programmi regionali di "aiuto alla ricostruzione" del dopo l'uragano Mitch.



Ma contro il concetto dell' "acqua come merce", così come accaduto in Bolivia, Argentina ed Uruguay, la popolazione più povera dell'Honduras si è mobilitata, manifestando davanti al Congresso, bloccando le strade di Tegucigalpa, restituendo le bollette o finanche distruggendo i contatori in segno di protesta contro le nuove tariffe a San Pedro Sula.

Gli italiani sanno di rischiare parecchio a giocare con l'acqua. La grande impresa di costruzioni Astaldi, in particolare, è reduce da un tormentato contenzioso legale in Bolivia, a seguito della fuga dal cosiddetto "Progetto Misicuni" di Cochabamba.

 

Qui l'Astaldi, in partnership con la società boliviana ICE Ingenieros, avrebbe dovuto realizzare un mega tunnel idrico di 19 chilometri per il collegamento alla diga e alla centrale idroelettrica del Río Misicuni che alimenta la città di Cochabamba.

 

Incautamente si decise di scaricare gli ingentissimi costi dell'infrastruttura sulle tariffe dell'acqua erogata alla popolazione, previa concessione del servizio al consorzio privato "Aguas del Tunari" (vedi informe sopra).

 

L'epilogo della vicenda è noto a livello mondiale: per lunghi mesi del 1999 la città fu al centro di violenti scontri e manifestazioni di piazza, fino a quando, uno dopo l'altro, fuggirono gli "investitori" stranieri.

 

Astaldi fu la prima ad abbandonare il progetto per "insormontabili" difficoltà esecutive dei lavori di scavo in galleria. Poi fu la volta di IWL - International Water Limited, l'azienda con sede a Londra detentrice del pacchetto di maggioranza del capitale di Aguas del Tunari, accanto ad ICE Ingenieros (partner Astaldi nel Progetto Misicuni).

 

Azionisti di IWL, rispettivamente con una quota del 50%, il complesso industriale-militare e delle costruzioni Bechtel (Stati Uniti) e la italiana Edison S.p.A., nata dalle ceneri di Montedison ed oggi in mano alla famiglia Agnelli, Tassara, Banca di Roma, Banca Intesa, IMI-San Paolo e alla compagnia elettrica francese Edf.

 

Il mondo è proprio piccolo:

la Bechtel, maggiore contrattista per la ricostruzione in Iraq, ha concorso - sconfitta dalla connazionale Parsons Transportation Group - alla gara per il Project Management Consulting in relazione alle attività di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Dietro la Edison, invece, alcuni degli azionisti di riferimento e le maggiori banche creditrici di Impregilo General Contractor del Ponte sullo Stretto. La Banca di Roma, oggi in Capitalia, detiene infine il 4,6% delle azioni del Gruppo Astaldi.

I crimini del capitalismo italiano contro l'ambiente e i diritti umani non hanno frontiere.